Fotos: Mauricio Zina/ adhocFOTOS y web de Mariana Zerpa
A comienzos de este mes el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) suspendió unas 11.500 asignaciones familiares (AFAM) a beneficiarios cuyos hijos no estaban concurriendo a centros educativos.
El control, que se aplica dos veces por año, se debe a las condiciones que rigen para las asignaciones familiares según la ley votada en 2008, en el primer gobierno del Frente Amplio: inscripción en institutos de enseñanza y alta asistencia a clases, más la realización de controles médicos periódicos a los niños.
Debido a la pandemia la medida se dejó en suspenso en los primeros años de la administración encabezada por Luis Lacalle Pou. Pero después se retomó y ahora, en la segunda oportunidad, se disparó la polémica, o, mejor dicho, se reinició una polémica que vuelve cada tanto, y que incluso generó diferencias internas en el último período de Tabaré Vázquez.
Esta vez, por ejemplo, la vicepresidenta Beatriz Argimón planteó públicamente su preocupación por lo que ocurre con los niños a los que se les corta el beneficio y el ministro Martín Lema aclaró que no había “marcha atrás”.
El lunes 8 entrevistamos sobre este tema a Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides.
Hoy les proponemos otro enfoque: desde la academia, donde se advierte que las condicionalidades no tienen el impacto esperado para mejorar la asistencia a la educación de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
¿Cómo se podrían modificar estas políticas para lograr mayor efectividad?
Conversamos En Perspectiva con la economista Mariana Zerpa, doctora en Economía por la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, profesora asistente en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y especializada en políticas sociales.
Destaques de la entrevista:
- "Las Asignaciones Familiares – Plan de Equidad son el principal programa de transferencias hacia familias en situación de pobreza y están focalizados en embarazadas, niños y adolescentes".
- "Las evaluaciones que existen de las Asignaciones Familiares muestran que, la recepción de la transferencia en sí, aumenta en promedio en un 3% la asistencia al sistema educativo. No sabemos cuál es específicamente el efecto de la condicionalidad o cuánto es por recibir la transferencia que puede facilitar que la familia pueda enviar a sus hijos a centros educativos".
- "En los liceos de los barrios más pobres hay tasas escandalosas de repetición. Si un adolescente está teniendo mucho problemas para encontrar incentivo para ir al liceo, probablemente este incentivo económico a la familia no logre abatir esos otros inconvenientes que esa familia está enfrentando".
- "No conocemos el impacto específico de estas suspensiones sobre las familias, porque no tenemos los datos. Sí podemos decir que las transferencias monetarias tienen efectos positivos sobre las familias, quitarla va a quitar ese efecto positivo. Sabemos que mejora la nutrición infantil, sabemos que mejora los resultados durante el embarazo, sabemos que en general las transferencias de ingreso durante la infancia y adolescencia son importantes para mejorar muchos resultados de los niños y adolescentes más allá de la asistencia a la educación. Quitar esa transferencia va a tener un impacto negativo sobre esas familias que tienen niveles de ingresos muy bajos. Además, eso de dársela y quitársela le introduce una fuente de incertidumbre a las familias sobres sus ingresos. Genera impactos negativos".
- "Por la fecha en que hoy por hoy se producen las suspensiones es muy difícil que en el mismo año logren corregir esa situación".
- Que las políticas no se evalúen "probablemente sea de lo más frecuente".
- "Es posible corregir las condicionalidades (para acceder a estas asignaciones familiares), y rever si realmente después de corregirlas se logran los objetivos deseados o sirve mejor eliminarlas".
- "Tal como están diseñadas hoy es difícil que tenga impacto positivo. Es necesario rever el diseño para intentar ver si se logran esos impactos que se buscan".
