Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
La Asamblea General aprobó anoche los nombres de las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
El quinteto que dirigirá el organismo está integrado por Carmen Rodríguez, Marcos Israel, Jimena Fernández y Bernardo Legnani –impulsados por los socios de la coalición multicolor– y Wilder Tayler, el único integrante del actual directorio que continuará en el cargo.
La oposición votó tres de los nombres que impulsó el oficialismo, así como la continuidad de Tayler, pero no hubo acuerdo total porque rechazó el nombre de Legnani, propuesto por Cabildo Abierto.
El Frente Amplio (FA) decidió no votar a Legnani debido a las críticas de Cabildo Abierto a la institución y porque no se le reconoce vinculación a la cuestión de los derechos humanos, como sí ocurre con los otros nuevos integrantes, postulados por el oficialismo.
El senador frenteamplista Enrique Rubio dijo, hablando con La diaria, que la nueva integración “fue parte de un proceso de intercambios a nivel político, y predominó el criterio de que para los derechos humanos y la búsqueda de desaparecidos era bueno que” Wilder Tyler o Mariana Mota, ambos en la nómina de 25 postulantes, “siguiera en la institución”.
Hoy La diaria publica un perfil de cada uno de los cinco elegidos.
Carmen Rodríguez Núñez: fue presentada por legisladores de la lista 71 del Partido Nacional. Trabajó como asesora del senador Gustavo Penadés, es doctora en Derecho especializada en Derechos Humanos y profesora adscripta de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Católica, y actualmente trabaja en la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Marcos Israel: presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, fue promovido por esa organización y cinco años atrás intentó integrar la INDDHH con el apoyo del frenteamplista Rafael Michelini. En su primer período al frente de la entidad israelita participó en la Conferencia contra el Racismo de Durban en 2001 y fue cofundador de la Coordinadora Nacional de Lucha contra el Racismo.
Jimena Fernández Bonelli: la promovieron la senadora colorada Carmen Sanguinetti, Manos Veneguayas y la Red de Empresas por el Desarrollo Sostenible. Tiene un máster en Responsabilidad Social Corporativa, trabaja como asesora en la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y antes estuvo en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la cancillería.
Bernardo Legnani: promovido por Cabildo Abierto, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y abogado especializado en Familia.
Wilder Tayler: promovido por organizaciones sociales de derechos humanos, integra la INDDHH desde 2017. Previamente se desempeñó como vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, e integró Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Organizaciones sociales presentaron ayer, tal como habían anunciado, un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por el proceso de selección de candidatos a la dirección de la INDDHH.
Estas organizaciones argumentan que los nombres para integrar el futuro consejo directivo “no atendieron” los criterios “básicos” que establece la Ley 18.446.
El presidente Luis Lacalle Pou pidió públicamente que se vote en la cámara de Diputados la derogación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de Medios) y “establecer quién está a favor y (quién) en contra”.
El proyecto de Rendición de Cuentas incluye la derogación total de la ley, pero algunos diputados oficialistas no están de acuerdo, por lo que la coalición multicolor resolvió que la decisión sea tomada por el Senado.
El mandatario habló del tema al tomar la palabra mientras participaba ayer como invitado en la celebración del vigésimo sexto aniversario de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA):
“Mi posición personal, hablada con miembros del gobierno, es que en Diputados se voten los artículos. Que se vote a favor o en contra, porque la calesita legislativa -yo fui legislador muchos años- genera incertidumbre. Yo creo que lo que se tiene que saber claramente por parte de la población es quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo”.
Luego el presidente añadió: “Desde mi punto de vista, aunque está en todo su derecho el Poder Legislativo, para mí deberíamos establecer claramente en Diputados quién vota a favor y quién vota en contra”.
El Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente (PI) han coincidido con el planteo del Poder Ejecutivo de la derogación total de la ley de Medios, pero Cabildo Abierto (CA) y el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) se inclinaron por derogar sólo el artículo 56 de la norma, que prohíbe a las empresas de servicios de comunicación audiovisual “prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”.
El artículo 56 fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo que dio lugar a que el Poder Ejecutivo habilitara en junio pasado a empresas de cable Montevideo ligadas a los canales 4, 10 y 12, y a otras dos del interior del país, a dar servicios de internet.
El sector colorado Batllistas proponía una tercera opción, que era derogar los cinco artículos de la ley de medios que fueron declarados inconstitucionales (39, 60, 98, 117 y 149).
Lacalle Pou recordó ayer que otorgó las habilitaciones para dar servicios de internet a tres empresas de TV Cable de Montevideo ligadas a los canales 4, 10 y 12, y a dos del interior del país, porque estaba obligado a cumplir la sentencia de la SCJ que declaró inconstitucional el artículo 56 de la ley de medios, y que, al mismo tiempo, envió al Parlamento un artículo para derogar toda la ley.
El presidente manifestó ante los empresarios de la TV Cable que él está “en la misma sintonía” que ellos y quiere “reanudar el compromiso”. Además, añadió:
“Podemos tener algún matiz, pero tenemos claro que estas empresas le han hecho muy bien al país, han dado trabajo, han estado en la punta de la tecnología, que ahora requiere de otro tipo de inversión, y a nosotros nos toca estar como gobierno y la opción es: que sigan existiendo o que corran un derrotero de que la sola omisión de inversión y de no cambiar la legislación va a terminar con estos emprendimientos”.
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) adoptó como propia la declaración del Grupo de Políticas de Comunicación de la institución, publicada el miércoles pasado, que manifestó preocupación por la eventual derogación de la ley de medios, prevista en el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo.
El grupo entiende que las modificaciones tienen que plantearse en el marco de un debate público “para que sus promotores expliquen con claridad los alcances y objetivos, así como para permitir que los actores sociales, académicos y empresariales puedan presentar los aportes que consideren pertinentes”.
“El grupo de trabajo hace notar que los cambios propuestos no fueron planteados en espacios consultivos, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), y que tampoco se generaron instancias públicas para debatirlos, pese a afectar un área muy sensible para cualquier democracia”.
La declaración de la entidad de la Udelar destaca que “casi ninguna autoridad de gobierno participó de jornadas y foros que organizó este grupo, ni tampoco demostró interés en generar otros intercambios”.
El grupo entiende que las políticas de medio deben tener en cuenta al sector comercial, pero “no pueden orientarse únicamente a partir de estos intereses”; llama a incorporar los estándares internacionales de libertad de expresión e información y señala que es una “necesidad sostener los mecanismos de promoción y apoyo a la producción nacional”,así como la promoción de los sectores público y comunitario de radiodifusión.
El gerente general de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada, anunció anoche en conferencia de prensa que construirán una "tienda temporal para mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo” de sus empleados de Punta Shopping".
"Estamos anunciando una tienda temporal que va a tener obviamente la calidad Tienda Inglesa y un tamaño que va a ser significativo para ser temporal. Probablemente una tienda temporal que vaya a ser de las más grandes que se hayan visto, más de 2.100 metros cuadrados de sala de venta, lo cual la posiciona dentro de las tiendas más grandes que tenemos en Tienda Inglesa. Estamos muy contentos, esa tienda va a operar hasta el día que inauguremos la tienda definitiva que seguramente va a ser igual o más grande que la que ya teníamos en Punta Shopping".
El supermercado transitorio tendrá más de 2.100 metros cuadrados de sala de venta y estará conectado con la parte del shopping que no fue afectada por el incendio.
La Intendencia de Maldonado precisó que el local temporal se ubicará a la altura de los cines, donde hoy funciona uno de los estacionamientos.
Parada informó además que los supermercados de Tienda Inglesa de La Barra y de Solanas darán descuento del 30% a las personas que estén abarcadas por el seguro de paro especial dispuesto por el gobierno para los afectados por el incendio que se desató el sábado en el centro comercial.
Mientras tanto, Bomberos se apresta a entregar a sus propietarios hoy o mañana una parte de la superficie de Punta Shopping a la que no llegó el fuego y resultó ser la menos afectada por el siniestro del pasado fin de semana.
INTERNACIONAL
El fiscal general de Estados Unidos dijo que él mismo aprobó el allanamiento de la casa de Donald Trump en el estado de Florida, un hecho sin precedentes que según el Washington Post se resolvió para buscar documentos clasificados sobre armamento nuclear.
El registro realizado por el FBI el lunes en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, desató una tormenta política en un país ya muy dividido.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que "aprobó personalmente" el procedimiento y señaló que no tomó la decisión "a la ligera". Informó que no daría a conocer el motivo del allanamiento por "obligaciones éticas", pero solicitó al juez que lo ordenó que difunda sus fundamentos por el "interés público sustancial en este asunto".
"El Departamento de Justicia presentó una moción para hacer pública la orden de allanamiento, a la luz de la confirmación pública del registro por parte del expresidente, las circunstancias circundantes y el interés público sustancial en este asunto. La adhesión fiel al estado de derecho es el principio fundamental del Departamento de Justicia y de nuestra democracia. Defender el estado de derecho significa aplicar la ley de manera uniforme, sin temor ni favoritismo".
El expresidente reclamó anoche la "liberación inmediata" de la orden de allanamiento para que se conozcan sus argumentos. Trump aseguró que el allanamiento fue una "instrumentalización política sin precedentes" de agentes del FBI.
Según la prensa estadounidense, el registro se llevó a cabo por un posible mal manejo de documentos clasificados que Trump se habría llevado a Mar-a-Lago tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021. El diario The Washington Post, que cita fuentes anónimas próximas al caso, señala que algunos de esos documentos tienen relación con armas nucleares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también anunció, por otra parte, que presentará denuncia penal contra un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán por supuestamente conspirar para matar al exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton.
Según Washington, Shahram Poursafi ofreció pagarle a una persona en Estados Unidos 300.000 dólares para matar a Bolton, exembajador ante las Naciones Unidas.
El plan aparentemente era en represalia por la muerte de Qasem Soleimani, destacada figura y comandante de la Guardia, asesinado en enero de 2020 en Irak en un ataque estadounidense.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanani, acusó a Estados Unidos de hacer "acusaciones sin proporcionar pruebas válidas, creando una nueva obra de ficción".
"La República Islámica advierte contra cualquier acción que tenga como objetivo a los ciudadanos iraníes recurriendo a acusaciones ridículas", agregó.
La acusación contra Poursafi tiene lugar cuando Irán evalúa un acuerdo internacional propuesto en las conversaciones de Viena para revivir el pacto internacional de 2015 que busca evitar que Teherán desarrolle armas nucleares.
Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de haber procedido a nuevos bombardeos en el área de la central nuclear de Zaporiyia. Mientras tanto, el responsable del Organismo Internacional de Energía Atómica alertó que la situación en ese lugar es "grave".
Los dos países en guerra reportaron cinco ataques con cohetes cerca de una zona de almacenamiento de material radiactivo en la planta, la mayor de Europa, situada en el sur de Ucrania.
El operador de las centrales ucranianas, Energoaton, anunció poco después un nuevo bombardeo ruso cerca de uno de los seis reactores de la central, que, agregó, provocó "una gran humareda" y dañó "varios sensores de radiación".
La planta ucraniana de Zaporiyia pasó al control de las tropas rusas el 4 de marzo, poco después del inicio de la invasión, el 24 de febrero. Ucrania acusa a Rusia de haber desplegado tropas en las instalaciones de la central y de haber almacenado armas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a "cesar inmediatamente" toda actividad militar en torno a la instalación y advirtió que la continuación de las hostilidades podría "conducir a una catástrofe".
El gobierno de Colombia, dirigido por Gustavo Petro, envió una delegación a Cuba para avanzar en la reanudación del diálogo con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. La comitiva está liderada por el canciller, Álvaro Leyva.
En una conferencia de prensa junto a su par cubano, Bruno Rodríguez, Leyva reafirmó que el nuevo gobierno quiere restablecer el diálogo, suspendido en 2018:
"Aspiramos a reanudar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta tierra de paz a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Gustavo Petro de alcanzar la paz total".
Por su parte, Rodríguez expresó que Cuba ve "una oportunidad para retomar el diálogo (con el ELN) y avanzar hacia la paz de la manera en que lo decidan las partes".
El viaje de la delegación se da a solo cuatro días de la toma de posesión de Petro, primer presidente de izquierda de Colombia, que llegó al poder con la propuesta de nuevos acuerdos de paz con el ELN y otras organizaciones en armas, así como el fin de la "guerra antidrogas", que considera un fracaso.
En Perú, la Fiscalía anunció la apertura de una sexta investigación preliminar al presidente, Pedro Castillo, por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas.
El Ministerio Público informó que se investiga la adjudicación de obras en los departamentos de Cajamarca y Lima. Además de Castillo, se indaga a Geiner Alvarado, quien era el ministro de Vivienda en el momento de los hechos y actualmente lidera la cartera de Transporte y Comunicaciones.
Relacionado con este caso fueron detenidos esta semana para averiguaciones la cuñada del presidente, Yenifer Paredes, dos empresarios y el alcalde de Anguía (municipio del departamento de Cajamarca), José Nenil Medina.
La fiscalía acusa a este grupo de formar una red de corrupción y lavado de activos dirigida por el presidente Castillo.
Por su lado, el presidente reiteró en un mensaje en Twitter: "se hace mucho show mediático, para hacer creer que mi familia está en actos de corrupción. Ya pasó más de un año y no hay pruebas, solo supuestos".
Castillo, que lleva un año en el cargo para el cual fue elegido hasta 2026, es investigado también por presuntas irregularidades en una licitación para la compra de combustible, en ascensos militares y en la adjudicación de otra obra pública. A esto se suma el supuesto plagio en su tesis universitaria y una causa por presunta obstrucción de la actuación de la justicia. El presidente niega terminantemente todos los cargos.
En Brasil, académicos, sindicatos, empresarios y otros miembros de la sociedad civil se manifestaron en San Pablo "en defensa de la democracia", en respuesta a los ataques contra las instituciones del presidente, Jair Bolsonaro.
En su carrera con miras a la reelección, el mandatario ha vuelto a criticar a los jueces de la Suprema Corte y a cuestionar la fiabilidad del sistema de voto electrónico, alimentando temores de que él podría no reconocer una eventual derrota.
El principal acto se desarrolló en la Universidad de San Pablo, donde se leyó la carta por la democracia escrita por la Facultad de Derecho, que reunió más de un millón de personas.
El principal orador del acto, que contó con unos 800 juristas, profesores, empresarios, líderes sindicales y de organizaciones, fue el rector de la universidad, Carlos Gilberto Carlotti Junior.
"Queremos elecciones libres y tranquilas, queremos un proceso electoral sin fake news, posverdades o intimidaciones (…). Somos partidarios de la democracia y de la libertad. Después 200 años de Independencia en Brasil, deberíamos estar pensando en nuestro futuro, en cómo resolver problemas graves, pero estamos dedicados a impedir retrocesos".
Afuera de la universidad, varios miles de personas hacían ondear banderas y alzaban pancartas contra Bolsonaro o con lemas como "Respeta el voto, respeta el pueblo".
Otras ciudades del país, como Rio de Janeiro y Brasilia, también contaron con actos y protestas callejeras.
Bolsonaro descalificó las manifestaciones anoche y apuntó a la izquierda como responsable por el movimiento.
Salvo el mandatario, la carta por la democracia fue firmada por varios candidatos a la presidencia, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), favorito para ganar las elecciones del 2 de octubre.
En Argentina, se conoció el dato de la inflación de julio. Como se preveía, dio el registro más alto del año, un 7,4 por ciento, lo cual lleva la inflación acumulada del año a 46 por ciento, y la de los últimos 12 meses, a un 71 por ciento.
Hay que remontarse más de 20 años atrás para encontrar cifras similares. Y como los primeros días de agosto vienen registrando también fuerte subas de precios, las principales consultoras ya están corrigiendo al alza sus pronósticos para el año. Prevén que terminará con una inflación de cerca del 100 por ciento.
En el gobierno se atribuyó el registro récord a la volatilidad cambiaria, generada por movimientos especulativos de sectores que quieren forzar a una devaluación. Un argumento que despertó fuertes críticas por parte de los economistas, que dicen que el gobierno no quiere asumir su propia responsabilidad en la financiación monetaria del gasto público.
Los líderes de la oposición también fustigaron al gobierno, como Patricia Bullrich, presidente del PRO, quien escribió en Twitter: “Para el presidente, estas son las señales de que la economía se está recuperando. ¡Dios mío!”
Sobre todo, lo que se destacó es que este repunte inflacionario ocurre en contraste con la situación de otros países de la región muestran un alivio en el plano de los precios, como Brasil, que tuvo deflación el mes pasado. Eso, argumentan los críticos del gobierno, echa por tierra la explicación de que la inflación obedece a la situación internacional.
Pero, a pesar de que en el discurso el gobierno siga apelando a las teorías conspirativas, en la práctica está tomando medidas en línea con la ortodoxia económica. Por ejemplo, ayer mismo el Banco Central anunció una fuerte suba en la tasa de interés, de ocho puntos y medio.
Es la octava corrección que se realiza en lo que va del año. Y de esta forma la tasa efectiva anual quedó en 96 por ciento, en línea con la inflación esperada. El objetivo del Banco Central es evitar que los ahorristas, ante el temor de la pérdida de valor de sus depósitos, salgan a refugiarse en el mercado paralelo del dólar.
Esta medida supone que el gobierno asume un costo político, porque en la campaña electoral de 2019 se había puesto énfasis en que el gobierno de Macri, que en ese momento había llevado la tasa a un 73 por ciento, le pagaba un alto premio a los bancos que compraban títulos públicos, en vez de canalizar los fondos a mejorar el pago de las jubilaciones.
Coincidentemente, esta suba de tasas se produjo un día después de que se anunciara un pago extra a los jubilados, para que no perdieran contra la inflación. Pero los expertos en el tema previsional refutaron el argumento oficial de que, con la actual fórmula indexatoria, los jubilados lograron mantener su poder adquisitivo.
En ese marco de malas noticias y expectativas negativas, hubo una buena para el gobierno: después de un mes de haber sufrido pérdidas de reservas, el Banco Central volvió a comprar dólares dos días consecutivos y se ilusiona con poder mantener esa tendencia.
(Corresponsal: Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, señaló que el presidente Luis Lacalle Pou estuvo “por lo menos desinformado” en un discurso que pronunció ayer, donde habló de las inversiones en fibra óptica.
Durante un acto de apertura de nuevos servicios de policlínicas en Las Piedras, Canelones, el mandatario dijo:
“El gobierno pasado y el anterior pusieron fibra en Pocitos, Buceo, Malvín, Punta Gorda. ¿Dónde la va a poner este gobierno? En Casavalle”, manifestó y agregó: “La fibra óptica se puso en Punta del Este, en algunos barrios del Maldonado… ¿dónde la va a llevar el Gobierno en Maldonado? A un barrio que se llama Cerro Pelado, a un barrio popular. Porque eso es ser justo. Eso es manejar los recursos del Estado”.
Carolina Cosse, que fue presidenta de Antel durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) replicó en Twitter con el siguiente texto: “Por lo menos desinformado. Como muy bien saben los hogares de: Pueblo Victoria, Manga, Cordón, Palermo, Lezica, Conciliación, Los Bulevares, Tres Ombúes, Parque Batlle, Nuevo París, Carrasco Norte, Maroñas, Flor de Maroñas, Punta de Rieles, Bella Italia, entre muchos otros”.
La intendenta aludió con su nómina, a zonas que tenían cobertura de fibra “antes de marzo de 2020”, y añadió muchos otros lugares del país.
También hubo reacción del intendente de Canelones, Yamandú Orsi que publicó: “Cuando se apela reiteradamente al contraste y se subestima la construcción que surge de la acumulación. Cuando nos olvidamos que un país se construye a partir de los aportes que estuvieron antes, cuando eso pasa, erramos el camino. Se debilita la República. Bien por la aclaración”, escribió Orsi, al citar el tuit de Cosse.
La Justicia Penal imputó a tres militares y un policía por los homicidios de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y otros crímenes cometidos en Argentina en tiempos de la dictadura.
Los imputados son los militares en situación de reforma José Arab, Ernesto Ramas, Jorge “Pajarito” Silveira y el expolicía Ricardo Medina, en la causa que investiga los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberoff y otras decenas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por represores uruguayos en Buenos Aires a mediados de la década de 1970. Algunos de estos casos son la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.
Algunos de los delitos imputados son homicidio muy especialmente agravado, supresión de estado civil en la calidad de coautor, abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves, privación de libertad, desaparición forzada y rapiña.
Familiares de las víctimas de los imputados destacaron la investigación del fiscal Perciballe quien, hablando con La diaria dijo que “lo más relevante es que se pudo llegar a una formalización en una causa tan emblemática” y recordó que es “el principal magnicidio ocurrido en el Uruguay”.
A propósito de uno de los delitos imputados, el de rapiña, el fiscal recordó que “hubo una sustracción mediante violencia de los bienes y del dinero que tenían las organizaciones políticas y el desvalijamiento de todas las casas donde (los represores) hicieron los operativos”.
El intendente de Salto, Andrés Lima, del Frente Amplio, recomendó públicamente investigar el caso denunciado por el Ministerio del Interior que involucra al senador de su mismo partido Charles Carrera.
Carrera fue acusado por la cartera que conduce Luis Alberto Heber, de haber entregado asistencia en el Hospital Policial y tickets de alimentación durante tres años a un civil de Rocha que recibió un disparo producto de una bala perdida, que tenía origen policial, y lo dejó inválido en el año 2012.
Andrés Lima, hablando con radio Universal, opinó ayer: “Quienes estamos en estos lugares de responsabilidad, somos conscientes de que tenemos que responder por nuestros aciertos y nuestros errores. (…) La investigación siempre es buena”, afirmó el jefe comunal salteño.
El Consejo de la Facultad de Ciencias definió esta semana la suspensión por seis meses al profesor grado 5 Martín Sambarino, por “conductas inapropiadas”.
Una docente había denunciado por “acoso” a Sambarino, en 2019.
Según La diaria, la sanción se aprobó con los tres votos de estudiantes, los tres de egresados y uno de los docentes, en una resolución que no menciona el acoso sexual, sino que habla de “conductas inapropiadas” por parte del docente.
ECONOMÍA Y EMPRESA
La Sociedad de Productores Forestales expresó su “honda preocupación y rechazo” al anuncio de implementación de un “Precio al Uso de la Caminería Rural” realizado por el gobierno departamental de Paysandú.
También la Asociación Rural (ARU) y la Gremial de Productores y Transportistas de Paysandú manifestaron su discrepancia.
La Sociedad de Productores señala en un comunicado que la “propuesta en cuestión agrega costos a la producción nacional afectando negativamente su competitividad, desalentando la inversión y la generación de empleo”.
Añade que “la caminería posee una serie de problemas estructurales que la iniciativa propuesta no contribuye a solucionar, y que deberían ser abordados a nivel nacional en conjunto con todas las intendencias y las distintas cadenas productivas”.
Finalmente, recuerda en el comunicado que “iniciativas similares han sido declaradas como inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia”.
La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) ocupó ayer de tarde la sede central de Citibank, en la Ciudad Vieja y activó un paro en toda la banca privada hasta la medianoche pasada, en reclamo por tres empleados que fueron despedidos por esa institución financiera tras un cambio de modelo de negocios que llevó a cabo el año pasado.
Tras algunas horas de ocupación, el sindicato desalojó el local luego de contactos con el Ministerio de Trabajo y el compromiso de establecer una mesa de diálogo tripartita hoy viernes.
AEBU indicó que tomó la medida de ocupación tras haber agotado los intentos de diálogo nacionales y también internacionales para solucionar el diferendo, con los gerentes regionales e incluso con los gerentes de la casa matriz, que se encuentra en Nueva York.
La movilización del gremio motivó un comunicado de la Asociación de Bancos Privados lamentando “los perjuicios que las medidas sindicales adoptadas por AEBU provocarán a nuestros clientes”.
La patronal bancaria exhortó en su nota, “a no olvidar que son precisamente los clientes la razón de existir de las instituciones financieras y los que demandan servicios que les permiten a más de 3.000 personas trabajar en los bancos privados que actualmente operan en nuestro país”.
La Unión de Sindicatos Policiales (Usip) de Uruguay emitió un comunicado en el que adhiere “a la lucha” de “los compañeros de AEBU, en procura de restituir los 3 trabajadores despedidos por Citibank”, “luego del fracaso de todos los medios de diálogo, mediación y negociación”.
En respuesta, el Consejo Central de AEBU envió una carta a Usip en la que expresa su agradecimiento por la solidaridad y la sensibilidad manifestada con “los compañeros despedidos de Citibank”.
“Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro reconocimiento por la actitud de respeto, tolerancia y profesionalismo de los trabajadores policiales que cumplieron su función durante la movilización, ocupación y desalojo de la casa central del Citibank por parte de AEBU”, concluye la misiva.
Los trabajadores agremiados de cooperativas del transporte (Ascot) hicieron un paro parcial ayer y se movilizaron hasta la Torre Ejecutiva, en rechazo al aumento de la edad mínima de jubilación, contenido en el anteproyecto del presidente Lacalle Pou de reforma de la seguridad social.
Rodolfo Saldain, principal redactor del anteproyecto, respondió a los reclamos de Ascot, que el texto prevé que algunos sectores, “aparte de construcción y rurales, puedan solicitar un régimen especial”.
“Los plazos establecidos llevan a que esos pedidos deban resolverse en 2025, dos años antes de que la edad normal pase a 61 en 2027”, señaló Saldain a través de Twitter.
Al paro de ayer se adhirieron los sindicatos de Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), el del transporte suburbano y el de Automóviles
con Taxímetro y Telefonistas (Suatt).
En el mercado local, el dólar subió ayer por segunda jornada consecutiva. En esta ocasión un 0,26%. El interbancario fondo se operó en promedio a $40,190.
En lo que va del año 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 10,08% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2021).
En los últimos 12 meses el dólar lleva una baja de 7,75% (comparando la cotización de ayer en relación a la misma fecha del 2021).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,05 para la compra y $41,45 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió ayer y cerró en R$ 5,112.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se ubicó en AR$ 134,27. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en el entorno de los AR$ 297,00.
Por su parte, el Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0321.
OTRAS NOTICIAS
La Fiscalía de Delitos Sexuales investiga un caso que involucra futbolistas de primera división -dos de ellos de Nacional- luego de que una adolescente de 17 años resultó embarazada tras encuentros sexuales con ellos.
El fiscal actuante identificó a los jugadores y ordenará los exámenes científicos de ADN.
El padre de la adolescente trabajaba en uno de los clubes de los futbolistas involucrados, y presentó la denuncia para esclarecer el episodio y determinar la paternidad del niño que ya nació.
La Policía allanó ayer una whiskería ubicada a dos kilómetros del barrio Peñarol Viejo, en Montevideo, y detuvo a seis personas -cuatro hombres y dos mujeres- por presuntos delitos de explotación sexual de menores y trata de personas.
El principal indagado es un hombre de 43 años, propietario del negocio.
Entre los detenidos hay tres hombres con antecedentes por tráfico de estupefacientes, hurto, tenencia de armas y violencia privada, según el diario El País.
Una fuente de Interior dijo que las víctimas provenían de un contexto crítico, con poca contención familiar.
El cuerpo calcinado de un hombre fue hallado dentro de una camioneta incendiada, en la noche del miércoles en el kilómetro 26.500 de la ruta 26, en el tramo Río Branco-Melo, en Cerro Largo.
Los bomberos llegaron al lugar cuando el fuego estaba "generalizado" y afectaba a la "totalidad" del vehículo.
DEPORTE
Wanderers y Deportivo Maldonado ganaron ayer en el comienzo de la 3ª fecha del Torneo Apertura y, de momento, el equipo fernandino lidera la tabla, con un partido y un punto más que River.
Ayer:
DEPORTIVO MALDONADO 2 – CERRITO 1
WANDERERS 2 – FÉNIX 1
Hoy:
BOSTON RIVER – RIVER PLATE
Hora 15:30
Capurro
PLAZA – CERRO LARGO
Hora 19:00
Prandi (ciudad de Colonia)
Mañana, sábado 13 de agosto:
RENTISTAS – DANUBIO
Hora 15:30
Complejo Rentistas
PEÑAROL – ALBION
Hora 18:30
Campeón del Siglo
Domingo 14 de agosto:
MC TORQUE – DEFENSOR SPORTING
Hora 12:30
Capurro
LIVERPOOL – NACIONAL
Hora 15:30
Belvedere
La Copa Libertadores ya tiene sus semifinalistas, entre los que figura nuevamente el campeón de las dos últimas ediciones: Palmeiras.
Los cruces serán:
ATLÉTICO PARANAENSE (Brasil) – PALMEIRAS (Brasil)
VÉLEZ (Argentina) – FLAMENGO (Brasil)
Los futbolistas uruguayos en semifinales son Canobbio y Terans en Paranaense, Piquerez y Merentiel en Palmeiras, De Arrascaeta y Guillermo Varela en Flamengo y Godín en Vélez.
