Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
La campaña de vacunación contra el covid-19 tuvo ayer un freno inesperado.
El juez de lo contencioso administrativo Alejandro Recarey dispuso este jueves "la suspensión inmediata" de la vacunación contra covid-19 a niños menores de 13 años, hasta que se difundan los contratos entre el Estado y la compañía farmacéutica Pfizer y la "composición de las sustancias" contenidas en el medicamento.
El Dr. Recarey tomó la determinación a raíz de un recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone.
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que la sentencia de Recarey es un “disparate”, y anunció que el gobierno apelará el fallo.
¿Qué implicancias tiene esta decisión?
Hoy conversamos En Perspectiva con el Dr. Pablo Schiavi, experto en Derecho Administrativo, y luego con el Dr. Fernando Torres uno de los patrocinadores del recurso de amparo.
Destaques de la entrevista:
- "Se exige una ilegitimidad manifiesta por parte del Estado en lo que está haciendo, y ese concepto es notorio, grave. Lejos estamos de eso en un plan de vacunación que cumple con el aval de toda la comunidad científica en Uruguay y la mundial".
- "Hay casos de amparo que sí son ilegítimos pero si no son manifiestamente ilegítimos, el amparo tampoco prospera. Ahí tenemos otro gran tema".
- "Quien promueve la acción de amparo tiene que alegar que a él se le está generando un daño. ¿Qué daño se le está generando a estas personas? Acá no se obliga a nadie a vacunarse".
- "Se eligió presentar el recurso en la justicia de lo contencioso administrativo y no por juzgado de familia: Podría haber sido una, podría haber sido la otra, lo raro sí es que se haga en plena feria judicial".
- "Si esta demanda se hubiese presentado en otro momento, no se sabría que juez la tomaría, porque hay una distribuidora de turnos. El juez que toma la demanda se define de forma aleatoria. En feria judicial, sabemos qué jueces están de turno en cada materia. No es un elemento menor".
- "El caso trasciende a las partes, por lo general un caso de amparo tiene efectos de impacto entre quien lo presenta y el demandado. Esto trasciende porque es algo de interés general, trasciende el juzgado. Está agravado por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia nunca va a ver este caso, porque no llega, en la segunda instancia va al tribunal de apelaciones".
- "Hay amparos y amparos, pero cuando hay intereses generales, yo creo que necesariamente tendría que intervenir la Suprema Corte de Justicia como órgano de mayor jerarquía dentro de nuestro sistema judicial. Que es lo que pasa en otros países".
- Si el Estado publicara contratos podría resolverse: "Tenemos contratos que el Estado firmó que incluyen, entre otras obligaciones, cláusulas de confidencialidad. Ese no es un tema sencillo porque seguramente también en esos contratos se haya pactado que la jurisdicción competente a nivel de contrato no sea local sino internacional. Si el Estado incumple con la clausula de confidencialidad, eventualmente podría ser demandado ante una corte internacional por violar el contrato".
- Antecedentes en el mundo: "Que yo sepa no los hay, el caso más cercano pasó en EE.UU. que el gobierno americano puso condiciones de ingreso a lugares de trabajo, que exigía que el personal tenía que estar vacunado. Eso llegó a la Corte Suprema que entendió que esa obligación era inconstitucional, por lo que esa obligatoriedad cayó. Pero no hay antecedentes de suspensión de vacunación".
- Sobre la posibilidad de que padres de niños puedan acudir a la justicia para vacunarlos: "Pueden ir a un juzgado de familia pero generaría un conflicto bastante particular, donde el Estado sería demandado en una acción de amparo pero el Estado va a decir que no puede cumplir porque hay una orden judicial que se lo impide.
