En Primera Persona // Por Emiliano Cotelo
¿Qué habría hecho usted, Cotelo? ¿Habría emitido por la radio audios grabados en un hecho que se investiga como violación grupal? ¿Por qué le dieron tanto espacio En Perspectiva al allanamiento de la radio Azul FM y el pedido de incautación de celulares del periodista que difundió aquellos audios y sus colaboradores? ¿Qué pasa, los periodistas reaccionan corporativamente y se consideran una categoría aparte dentro de la población? ¿No les parece que, con todo ese ruido, quedó relegado el tema de fondo, la denuncia presentada por la mujer que denunció el abuso?
Estas preguntas y otras parecidas nos han llegado desde la audiencia en los últimos días.
Voy a ir contestándolas en los próximos minutos.
Los audios al aire
En primer lugar, yo no recibí los audios. Pero, de haberlos tenido, no los habría puesto al aire.
Es cierto que entre el 23 de enero y el 1 de febrero (cuando saltaron los audios) la versión de los hechos que circulaba, aunque desprolija e incompleta, estaba básicamente alineada con lo denunciado por la joven. Los acusados tenían otra versión y, legítimamente, aspiraban a que se conociera. Alguno de ellos optó por entregar las grabaciones a Ignacio Álvarez y éste decidió divulgarlas en su programa radial.
Si yo hubiese estado en esa situación y quisiese dar a conocer ese otro ángulo, simplemente habría informado a los oyentes que uno de los interesados me había enviado videos y/o audios, que yo había estudiado ese material y que yo había sacado tales o cuales conclusiones. Punto. De ese modo habría hecho un aporte periodístico para que existiera una visión más amplia y equilibrada del caso, pero sin generar escándalo y, sobre todo, sin exponer públicamente a la denunciante, registrada con su propia voz en circunstancias íntimas. Obviamente, por ese camino no habría tenido tanto rating ni habría generado tanta polémica como tuvo ese espacio de radio ese día y en los días siguientes.
Una puntualización antes de seguir. Doy esta explicación porque este caso se ha convertido en un hecho público relevante y porque se refiere a una dilema muy desafiante para el desempeño de esta profesión. Estoy haciendo una excepción a una regla de En Perspectiva: ustedes saben que muy pocas veces en los 36 años de historia de este programa he comentado el trabajo de otros colegas. Es más, ya me había resultado incómodo que el tema se volviera ineludible en una de las tertulias, la del jueves 3 de este mes, pero entendí que no debía yo ignorar u ocultar una situación simplemente porque el protagonista era un periodista con el cual “competimos” en el horario matutino de la radio.
Volviendo al punto, como decía, no comparto el abordaje que se hizo en el programa La Pecera (manejamos criterios periodísticos diferentes). Después está la discusión legal. Y luego todavía la actuación de la fiscal encargada de investigar la difusión de los audios.
Vamos por partes.
Lo legal
El artículo 92 de la ley 19.580 (de “Violencia contra las mujeres basada en género”) establece: “El que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría…”. Es posible sostener que con su conducta Álvarez violó esa disposición. Otro dicen que no. El diario El Observador recordaba que en el debate parlamentario nunca se mencionó la eventualidad de que este artículo se aplicara a periodistas y en cambio se enfatizó en sancionar conductas interpersonales de difusión de imágenes, videos o audios a través de aplicaciones de mensajería o redes sociales, relacionadas, por ejemplo, “con la pornografía de venganza o de diversión”, sin la aprobación de los involucrados.
En cualquier caso, la libertad de prensa no es absoluta, tiene límites establecidos por la ley. Y muchas veces los periodistas optan por transgredir algunas de esas disposiciones porque entienden que deben dar a conocer una noticia importante que permanece escondida; cada uno evalúa, según el asunto que está en juego, si tiene sentido correr el riesgo de una acusación judicial.
Dos denuncias
En definitiva, puede ocurrir que un trabajo periodístico sea llevado ante la Justicia.
Ahora, no entendí la denuncia que presentó la diputada del Frente Amplio Micaela Melgar ni mucho menos que esa denuncia después acumulara las firmas de decenas de parlamentarios y dirigentes de esa fuerza política. Ese giro político partidario de la discusión me pareció un paso en falso, innecesario, que enredó mucho más un episodio que ya venía suficientemente entreverado.
Otra cosa fue la iniciativa del fiscal de Corte, Juan Gómez, que ordenó de oficio una investigación sobre la presunta vulneración de dos normas: el artículo 92 de la Ley 19.580, ya mencionado, y el artículo 259 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva (porque en el programa se dio a conocer detalles de una pericia médica).
Esa resolución estaba entre las posibilidades y no me pareció que implicara un atropello ni un menoscabo a la solidez de la democracia en Uruguay. Pero también creo que lo que vino después, la forma como se inició esa indagatoria, fue peligroso y preocupante.
Allanamientos e incautaciones
Un expediente que involucraba a un periodista resultaba sensible y podía despertar temores. Por eso todos esperábamos un abordaje sobrio y cuidadoso de parte de la fiscalía. Lo sorprendente fue que ocurrió todo lo contrario. Con autorización de la jueza Patricia Rodríguez Barreto, el viernes 4 al mediodía Interpol llevó a cabo un allanamiento en la radio Azul FM. La fiscal Mariana Alfaro había solicitado ese procedimiento y otro que no llegó a concretarse: el allanamiento a la casa de Álvarez y la incautación de su celular y otros dispositivos electrónicos de trabajo.
Cuando la noticia se conoció, causó conmoción. ¿Por qué? Por el mensaje que implicaba de condicionamiento a los medios de comunicación y en particular porque afectaba un principio básico de la libertad de prensa, que es la reserva de las fuentes de los periodistas, un derecho que está consagrado en convenios internacionales y en Uruguay en la Ley de Prensa, número 16.099, que en su artículo 1º establece: “…los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.
Y, ojo, una aclaración: por esa vía no se está protegiendo a los periodistas sino a la sociedad y sus posibilidades de acceder a información de interés público que algunos procuren ocultar, por ejemplo en el funcionamiento de organismos del Estado.
Fíjense lo que estaba en juego. La resolución judicial dice, textualmente:
“Autorízase en dichos allanamientos la incautación y registro de […] dispositivos electrónicos (tales como celulares, tablets, computadoras) y soportes de almacenamiento (por ej. pendrives, discos), propiedad o detentados por el Sr. Ignacio ÁLVAREZ, de uso personal o de uso de la producción del programa “La Pecera”, con el fin de constatar el contenido del material audiovisual recibido, difundido, cedido, comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado o con contenido íntimo o sexual sin consentimiento de los involucrados”.
O sea, con el acceso a toda esta larga lista de aparatos los investigadores no solo iban a poder identificar las fuentes que le habían suministrado al periodista los videos y otras grabaciones del caso de presunta violación, sino también iban a conocer a cantidad de otras fuentes con las cuales Álvarez se ha vinculado por otros temas, por ejemplo denuncias contra políticos o incluso contra fiscales. Todos esos datos iban a quedar a disposición de quienes ingresaran con permiso judicial a esos dispositivos. Muy grave. Y no solo por lo que significa para este periodista sino como señal para todos los periodistas uruguayos (y para todas las fuentes que puedan suministrar información a periodistas).
Marcha atrás y garantías
Me produjo un gran alivio lo que el fiscal de Corte, Juan Gómez, declaró el lunes siguiente, luego de reunirse con una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que le había pedido una audiencia.
En síntesis destacó que el operativo planificado por la fiscal no había llegado a completarse, aclaró que lo que faltaba ya no se haría y enfáticamente aseguró que en el futuro no habría actuaciones de ese tipo en casos que involucraran a periodistas. Fue otra buena noticia lo que agregó el doctor Gómez cuando visitó En Perspectiva este jueves: esos anuncios suyos no surgían de una desautorización que él debió hacerle a la fiscal, sino de la autocrítica que la propia doctora Alfaro había realizado durante el fin de semana previo, a partir de la cual admitió el exceso y ella misma dio marcha atrás.
Por supuesto, cabe preguntarse cómo no razonó, antes de pedir los allanamientos y la incautaciones, que por esa vía estaba atropellando otros principios básicos del Estado de Derecho. ¿Formación deficiente? ¿Exceso de trabajo que obliga a tomar decisiones a las apuradas? De todos modos el jueves el fiscal de Corte nos informó de otra novedad auspiciosa: decidió gestionar con la representación de Unesco en Montevideo la organización de talleres para profundizar en estos asuntos vinculados con la libertad de prensa, destinados a funcionarios del Ministerio Público y otros interesados.
Ahora, todavía queda pendiente la otra parte de la responsabilidad en estas actuaciones fuera de cauce que iban a tener lugar. Allí existió la autorización de una jueza de garantía. De esa magistrada se ha hablado menos. No se conoce que se haya arrepentido de su firma. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, consultado el sábado por La Diaria prefirió no pronunciarse para no prejuzgar ante la eventualidad de que el tema llegue en el futuro a consideración de esa corporación.
Lo principal
Por supuesto que lo más importante en toda esta catarata de sucesos es la investigación de fondo: si hubo o no abuso sexual, violación o violación grupal aquel domingo 23 de enero en un apartamento de la zona del Cordón, en Montevideo.
Ese expediente, que sufrió tanto manoseo público y pasó en las redes sociales por veredictos sumarios en uno y otro sentido, sigue su curso. En la madrugada del viernes 4 (unas horas antes de que ocurriera el polémico allanamiento a emisora Azul) la jueza Marcela Vargas formalizó a los tres jóvenes mayores de edad involucrados, para los cuales se dispuso prisión preventiva de 180 días. Ahora está pendiente, entre otras instancias, el testimonio de la víctima. Ojalá de aquí en más las actuaciones continúen en un ambiente más sereno y menos distorsionante.
¿Aprendimos?
Y otra cosa…
Yo espero que todo el agite accesorio y traumático que afectó a este caso en las últimas semanas sirva para algo, que deje aprendizajes provechosos para el futuro, tanto para el manejo de las próximas etapas de este expediente como de otros similares que puedan venir.
En mayor o menor grado -creo yo- ese ejercicio de introspeccción debería abarcar a operadores judiciales, abogados de las partes, la población y sobre todo aquella gente que tiene tendencia a opinar a la ligera, pontificar y linchar, y también, claro, a los medios de comunicación y los periodistas.
Hace un rato yo marqué discrepancias importantes con el trabajo de un colega. Pero no soy perfecto ni puedo dar cátedra en esta materia. Y en el seguimiento de de estos hechos en particular nosotros, aquí En Perspectiva, cometimos errores y descuidos, por ejemplo cuando dimos por buenos algunos trascendidos que circulaban en los medios, provenientes de la Fiscalía y la Policía; uno de ellos, el que decía que los acusados se habían negado a pasar por el examen de ADN, algo que varios días después se supo no era cierto. En ese y en algún otro punto nos faltó realizar las verificaciones correspondientes; de ahora en adelante seremos más puntillosos y desconfiados, en el buen sentido del término. Por otro lado seremos más precisos a la hora de resumir en pocas palabras un hecho como este, un aspecto en el cual tampoco quedamos conformes con lo que hicimos.
Son detalles importantes. Nos guste o no nos guste, muchas veces los juicios se juegan, por lo menos en parte, en los medios.
Si me pongo a buscar una palabra que resuma lo que todos deberíamos cuidar de ahora en adelante en este tipo de casos, me quedo con esta: respeto.
Respeto a la crisis personal y familiar por la que seguramente pasa el ser humano que decide hacer una denuncia de este tipo; respeto a las garantías del debido proceso para los acusados, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario; respeto a las reglas básicas de un debate público civilizado y constructivo.
