Foto: Movilización de vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo en Santa Catalina, frente a Torre Ejecutiva. Crédito: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Unas 80 familias ocuparon terrenos pertenecientes a la Intendencia de Montevideo y a una empresa privada entre fines del 2019 y principios de 2020, en la zona de Santa Catalina.
Rápidamente se conformó lo que pasó a conocerse como el asentamiento Nuevo Comienzo, y desde el principio estuvo la sospecha de que grupos criminales estaban detrás de la veloz mudanza. Eso motivó de inmediato una investigación judicial y el desalojo apareció cercano en el horizonte.
En respuesta, vecinos del Nuevo Comienzo, donde hoy viven entre 200 y 300 familias, acudieron a la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, cuyo principal referente es el abogado Juan Ceretta.
El accionar que siguieron fue doble: se acudió al Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas, y se presentaron acciones de amparo ante la Justicia uruguaya. En ambas instancias los fallos fueron contra el Estado.
En febrero, la ONU solicitó a Uruguay, en carácter de medida provisional, que suspendiera el desalojo del asentamiento o que le otorgara una vivienda alternativa a sus habitantes.
El fiscal del caso, Diego Pérez, consideró que el pronunciamiento no tendría consecuencias y que continuaría con los procedimientos, aduciendo que tenía pruebas que bastarían para incluso pedir prisión contra algunos habitantes del barrio. A principios de marzo el fiscal Pérez acordó con un grupo de familias que no irían a juicio siempre y cuando abandonaran el asentamiento antes del 4 de abril.
Sin embargo, estas últimas semanas la Justicia hizo lugar a tres recursos de amparo presentados por las familias bajo asesoramiento de Ceretta. Tres veces la Justicia condenó al Ministerio de Vivienda (MVOT) a brindarle una solución habitacional a las familias afectadas, con plazos de 24 a 72 horas. El MVOT apelará.
¿Se está aquí de alguna forma “premiando” a quienes incurrieron en un delito? ¿Sienta una mala señal para el futuro? ¿O le corresponde al Poder Judicial resolver este tipo de problemas sociales?
Hoy proponemos tomar el tema en una nueva edición de nuestra Mesa de Juristas. Para eso, nos acompañaron Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República; Óscar Sarlo, excatedrático de Filosofía del Derecho en la Udelar, ocasional integrante de La Tertulia de En Perspectiva; Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica, donde es docente Grado 3 de Derecho Constitucional; y Eduardo Esteva, profesor emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Montevideo.
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