La Justicia resolvió ayer la primera condena por explotación sexual de menores en el expediente llamado “Operación Océano”. Se trata de un hombre que llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la fiscal Darviña Viera y cumplirá su pena en prisión domiciliaria y en régimen de libertad vigilada.
El condenado –que aceptó la responsabilidad en los hechos– había mantenido una conversación a través de la red social Tinder con una de las víctimas cuando ésta era menor de edad. En la charla le ofreció dinero para mantener relaciones sexuales, aunque eso no llegó a ocurrir porque el encuentro no se concretó.
De todos modos, la persona fue condenada por los delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad para mantener actos sexuales y el delito que castiga a los adultos que tienen contacto virtual con adolescentes para mantener conversaciones de connotación sexual.
La pena acordada con la Fiscalía es de tres meses de prisión domiciliaria, otros tres meses de prisión domiciliaria nocturna, y un año y medio de libertad vigilada.
Además se dispuso contra el imputado la pena accesoria de la pérdida de la patria potestad, y la inhabilitación especial "para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, por un plazo de diez años”.
Asimismo, el hombre deberá pagarle a la víctima un monto equivalente a 12 ingresos mensuales, como está previsto en el artículo 80 de la misma norma.
Las penas fueron decididas luego de que la defensa del imputado alcanzara un acuerdo con la fiscal Darviña Viera para que el caso se resolviera mediante un proceso abreviado. A través de este mecanismo, que está previsto en el nuevo Código del Proceso Penal, el Fiscal puede disminuir hasta en una tercera parte la pena que habría solicitado en un juicio oral, a cambio de que el imputado admita su responsabilidad en los hechos.
Viera dijo ayer en conferencia de prensa que si no hubiese existido un acuerdo con el imputado y se hubiera ido a un juicio público mucho más extenso, no se habría pedido “una condena mucho mayor” a la finalmente acordada; en todo caso, “tal vez” se habría pedido “algo de privación de libertad”.
Viera señaló que el hecho de que el imputado no llegó a conocer a la víctima personalmente, fue un atenuante a la hora de establecer la pena.
“Obviamente uno lo tiene que tener en cuenta. No es lo mismo haber estado con la víctima, haber completado la totalidad del delito, por decirlo de forma sencilla, que solamente hayan sido chats. Más allá de que haya habido ofrecimientos de dinero, nunca se llegaron a ver, nunca hubo una aceptación porque no combinaron para verse”, dijo la fiscal.
Viera sostuvo que "la fiscalía está abierta siempre a hacer acuerdo con los imputados".
La fiscal dijo que la defensa del imputado pidió acordar un juicio abreviado ya que sabía que la fiscalía manejaba pruebas “sólidas” y que "las posibilidades" de obtener una sentencia a favor del indagado en un juicio oral "eran muy débiles".
“Si el imputado no supiera que la fiscalía tiene pruebas no iría a un acuerdo porque sabe que va al juicio y lo gana porque ve que la fiscalía no tiene pruebas. Pero en este caso sí. La fiscalía tiene pruebas”, expresó.
Viera además valoró la importancia de que el imputado reconociera su responsabilidad en los hechos.
“Es bien importante el reconocimiento que se hace acá por parte del imputado del delito cometido. Por eso se llega a este acuerdo. De lo contrario no habría acuerdo. El imputado tiene que reconocer el delito”, dijo.
El Poder Ejecutivo emitió el decreto que reglamenta el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, aprobado en la ley de urgente consideración.
El registro incluirá a los condenados con sentencia por los delitos de violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal y corrupción de menores, además de los delitos previstos en la ley sobre violencia sexual, comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces.
La reglamentación establece que las instituciones educativas “de tipo guardería, preescolar, escolar, secundaria, de artes, oficios o universitaria” y de actividades vinculadas a la “atención de salud, sanitarias, deportivas, docentes o académicas o cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con las mismas, que implique contacto con menores de edad, tanto a nivel público como privado”, deberán exigir el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.
El Ministerio del Interior sancionará con una multa de 50 Unidades Reajustables (UR) a las instituciones que incumplan con el requisito antes de la contratación de un empleado o funcionario, y se intimará en un plazo máximo a los diez días a que soliciten los certificados de no inscripción cuyo trámite se haya omitido.
El registro incluirá nombres y apellidos, apodos, seudónimos o sobrenombres; una fotografía actualizada; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; número de documento; trabajo o actividad, especificando la dirección; el domicilio actual y delito por el que fue condenado.
En caso de que el condenado cuente con una anotación en el registro, quedará inhabilitado por un mínimo de 15 años, y si tiene dos o más anotaciones, el mínimo es de 20 años.
PANORAMA DE LA EMERGENCIA SANITARIA
El Codicen autorizó la reapertura de los comedores escolares y la elaboración de alimentos en los centros educativos, lo que pone fin a la entrega de viandas, dispuesta hasta ahora durante la emergencia sanitaria por coronavirus.
La resolución indica que los comedores deberán tener la capacidad para atender a los cerca de 80.000 estudiantes que hoy reciben su comida de emergencia, “aunque no asistan todos los días a las clases presenciales”.
El monitor oficial diario reportó anoche siete contagios nuevos de Covid-19 en todo el país, de los que cinco son de Montevideo, uno de Canelones y uno de Colonia. Fueron procesados 1.881 análisis en la jornada.
En todo el territorio nacional hay un total de 243 personas cursando la enfermedad, dos de ellas en CTI y ninguna en cuidados intermedios.
Los casos activos son cuatro menos que los reportados el lunes.
Nueve de los diez candidatos a intendente de Rivera le enviaron una carta al presidente de la República en la que solicitaron implementar medidas específicas para evitar que la cantidad de contagios de Covid-19 se dispare, principalmente por la llegada desde Río Grande del Sur de miles de uruguayos habilitados a votar el próximo domingo.
La misiva, a la que accedió El País, está firmada por todos los candidatos del departamento, a excepción del colorado Richard Sander, principal favorito según las encuestas, que considera correcto el protocolo vigente.
La carta de los candidatos expresa en uno de sus tramos: “Solicitamos se instrumente medidas que apunten a mitigar los riesgos, entre ellas la disminución de delegados en circuitos de votación, mínima aglomeración en locales partidarios y limitar lo máximo posible el transporte de votantes (este último tomando en cuenta que vienen de Brasil alrededor de 8.000 – 10.000 votantes sin control alguno)”.
Los firmantes expresan que los protocolos aprobados por la Corte Electoral y el Cecoed, no contemplan “la realidad de nuestra frontera abierta y sus riesgos inminentes” por lo que si no se toma medidas más exigentes “hay una alta probabilidad que la situación sanitaria de Rivera y de nuestro país se vea afectada gravemente impactando en el número de contagiados”.
En Rivera hay 66 casos activos del nuevo coronavirus, una cifra que se mantuvo incambiada ayer respecto al lunes, según el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Es el segundo departamento con más personas afectadas después de Montevideo. Otras 400 personas están aisladas a la espera de que se les realice un test de diagnóstico.
En Rivera hay ocho focos activos del nuevo coronavirus, de los que, según El Observador, dos ocurrieron en comercios, uno en una iglesia y otro, el más grande, que hasta la tarde ayer registraba 29 casos, está vinculado a la Intendencia departamental. Los otros cuatro focos son intrafamiliares.
De los 29 casos del foco de la intendencia de Rivera, no todos son funcionarios de la comuna. Aunque algunos contagios se produjeron allí, la mayoría ocurrió entre contactos de esos trabajadores en contextos de familiares, amigos y conocidos de eventos privados.
Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) dijo al mismo medio que “la situación es preocupante y va a seguir subiendo el número”.
Miguel Asqueta, director general de Salud del Ministerio de Salud Pública(MSP) hablando ayer con Canal 10, consideró “probable” que los nuevos brotes en Rivera terminen generando más casos positivos que los ocasionados meses atrás a raíz del foco en la mutualista Médica Uruguaya y otros centros de salud en Montevideo
Sin embargo, ayer no hubo registro de casos nuevos en Rivera.
Las personas que ingresen al país con motivo de las elecciones departamentales y municipales del próximo domingo, deberán realizar cuarentena luego de su ingreso “con domicilio y teléfono declarados”. Sólo podrán salir del confinamiento “a los efectos de emitir su sufragio”, establece un comunicado del MSP.
Estos visitantes deberán presentar la declaración jurada del viajero, como establece el decreto del 15 de julio -aún vigente- que especifica todos los requisitos de ingreso al país tras la irrupción de la pandemia en Uruguay.
Además, quienes lleguen con motivo de las elecciones no deberán "presentar sintomatología asociada a Covid-19, ni haber tenido contacto estrecho con personas positivas o casos sospechosos para” esta enfermedad. Se les controlará la temperatura corporal que no podrá ser superior a 37,3°C.
Otros requisitos para el caso serán la utilización de la "mascarilla facial en forma permanente"; "mantener el distanciamiento físico de dos metros y realizar lavado de manos frecuente o uso de alcohol en gel". Deberán presentar un "resultado negativo del test de detección del virus SARS-CoV-2 realizado no más de 72 horas antes del inicio del viaje". No obstante, en caso de una "imposibilidad demostrada" de que no se dispone de dicho test, "se autorizará la realización del mismo en forma particular, a costo del viajero, en los laboratorios instalados en los puntos de entrada a Uruguay". Si el resultado es negativo, entonces la persona “podrá ingresar al país".
Durante su estadía en el país, el viajero "no deberá recibir visitas, ni realizar reuniones familiares, evitando todo contacto social". Aquella persona que se quede en el país "durante un lapso mayor a cuatro días, deberá realizarse una nueva prueba de PCR-RT, a su costo, el día 5° de su estadía".
INTERNACIONAL
En el discurso de apertura de la 75ª Asamblea General de la ONU, el secretario general, Antonio Guterres, pidió ayer más y mejor multilateralismo para conseguir una nueva gobernanza mundial.
“Ya sabemos que necesitamos más, y más eficaz, multilateralismo, con visión, ambición e impacto. La soberanía nacional, pilar de las Naciones Unidas, va de la mano de una mayor cooperación internacional basada en valores comunes y responsabilidades compartidas en la búsqueda del progreso para todos. Nadie quiere un gobierno mundial, pero debemos trabajar juntos para mejorar la gobernanza mundial”, dijo Guterres.
Guterres también recordó que, en el contexto de la pandemia de coronavirus, desde marzo llama al cese de hostilidades en todo el mundo. En este sentido, aseguró que "llegó la hora de dar juntos un nuevo impulso a la paz y a la reconciliación" y pidió "redoblar los esfuerzos para lograr un alto el fuego mundial de aquí a fin de año".
También en la Asamblea, pese al llamado de Guterres de "evitar una nueva Guerra Fría" y terminar con las confrontaciones, Estados Unidos y China cruzaron duros ataques.
El presidente Donald Trump criticó el manejo de la pandemia por parte de Pekín, y se refirió a la Covid-19 como "el virus chino".
Después de destacar la gestión de su gobierno desde la llegada de la pandemia a Estados Unidos, Trump exigió que se haga responsable a China:
“Distribuiremos la vacuna, derrotaremos al virus, acabaremos con la pandemia e iniciaremos una nueva era de prosperidad, cooperación y paz sin precedentes. Al buscar este futuro prometedor, debemos responsabilizar al país que desató esta plaga en el mundo: China. En los primeros días del virus China suspendió sus desplazamientos internos, mientras permitió que hubiera vuelos que salían de China para infectar al mundo”, dijo Trump.
Por su parte, el presidente Xi Jinping, aseguró que China "no tiene intención de entrar en una Guerra Fría" y deploró que se "politice" la lucha contra la covid-19. Sin nombrar a Estados Unidos, pidió no caer "en la trampa de un choque entre civilizaciones".
El embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, acusó a su vez a Trump de diseminar "un virus político" en la Asamblea General.
En Bruselas, la Comisión Europea presenta hoy su esperado plan para la cuestión migratoria, postergado desde 2016.
Según trascendió, el "Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo" intensificará el regreso a sus países de origen de las personas que no sean aceptadas en territorio europeo.
También se informa que incluye un mecanismo de solidaridad obligatorio entre todos los países de la Unión Europea y que garantiza ayudas a los países que atraviesen crisis migratorias.
Cinco años después de la crisis migratoria de 2015 y en un momento en el que el número de llegadas irregulares a la UE se redujo a unas 140.000 personas en 2019, ese bloque tiene la muy difícil tarea de superar las divisiones que hasta ahora han impedido cualquier reforma.
En El Salvador, el Ministerio de Defensa provocó una polémica al negar a la justicia el acceso a archivos militares para buscar pruebas sobre una masacre en la época de la guerra civil (1980-1992).
El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada impidió a un juez el acceso a sus archivos para buscar pruebas sobre la masacre de El Mozote, en la que cerca de 1.000 personas murieron ejecutadas a manos de soldados. Cuando el magistrado acudió a las instalaciones del Estado Mayor, el lunes, los militares le impidieron el ingreso. El martes el juez requirió al presidente, Nayib Bukele, y al ministro de Defensa, René Francis Merino, que en un plazo de cinco días le remitan "un informe" respecto "a la actuación del coronel Carlos Vanegas", que le impidió el ingreso al Estado Mayor.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó "la obstrucción del Ministerio de Defensa de El Salvador a la inspección ordenada por el juzgado" de los archivos. Además, instó a El Salvador a garantizar "el acceso sistematizado a los archivos relevantes a las investigaciones judiciales".
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central indicó en Twitter que la inspección de los archivos puede "contribuir al esclarecimiento de la verdad". Agregó que la información que se pudiera encontrar serviría para "que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean sancionados y a que las víctimas sean debidamente reparadas".
En Paraguay, decenas de comerciantes protestaron en la ciudad de Encarnación, limítrofe con Argentina, por el cierre de las fronteras que mantiene el gobierno de Mario Abdo a raíz de la pandemia del coronavirus.
Los comerciantes pidieron trabajar con las autoridades locales y nacionales para retomar la actividad a ambos lados de la frontera.
Este reclamo llega un día después de que el gobierno autorizara la reapertura del paso fronterizo entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, en lo que se conoce como la triple frontera.
A nivel sanitario, Paraguay alcanzó este martes un nuevo récord al anunciar 29 fallecimientos por coronavirus, con lo cual llega a un total de 705.
En Brasil, el gobierno descartó que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur represente "cualquier tipo de amenaza al medio ambiente", después que Francia reiterara sus reticencias a ratificarlo, debido a la deforestación en la Amazonia.
En un comunicado, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura y Pecuaria indicaron que el país "ya demostró su capacidad de aumentar su producción de carne, soja y maíz al tiempo que disminuye la deforestación". Como prueba, exhibió datos de 2004 a 2012, que indican que "la deforestación amazónica se redujo 83%, en tanto que la producción agrícola creció un 61%". En el documento no se incluyen datos más actuales.
Este texto fue la respuesta de Brasil a un informe pedido por el gobierno francés que indica que el acuerdo entre ambos bloques tendrá un fuerte impacto en el medio ambiente, especialmente en la Amazonia. Al respecto, el Ejecutivo brasileño indica que los autores de ese informe deberían "profundizar su conocimiento sobre la realidad de Brasil".
Francia reiteró el viernes su oposición a avalar el acuerdo Unión Europea y el Mercosur. Para modificar su postura, el presidente Emmanuel Macron planteó tres "exigencias", incluidas garantías de que los intercambios no acelerarán la deforestación y el respeto del Acuerdo de París sobre clima.
En Argentina, son momentos de mucho nerviosismo y rumores de todo tipo en el mercado financiero.
El hecho de que no se pueda operar en dólares, como consecuencia de las nuevas normativas del Banco Central, hace que desde hace una semana exista un feriado bancario de hecho, lo cual contribuye al malhumor de los ahorristas.
No se puede comprar los dólares del cupo oficial, dado que para eso es necesario que el banco compruebe que uno no está en las categorías de gente inhabilitada. Esto comprende, por ejemplo, a aquellos que hayan recibido subsidios de ayuda por la cuarentena, o que hayan refinanciado deudas.
Y se generó una pelea entre los bancos y el gobierno, por la dificultad para convalidar esta información en cada uno de los miles de ahorristas que quieren comprar dólares. Los bancos alegan que tienen que hacerlo de manera manual, lo que resulta imposible, mientras que el gobierno decía que había libre acceso a la base de datos de la seguridad social.
Finalmente, cuando la tensión se hacía demasiado fuerte, se comunicó anoche un cambio de sistema, con el cual se supone que se normalizará la operatoria.
Lo cierto es que en los últimos días los ahorristas no solamente no pudieron comprar dólares, sino que tampoco está habilitada la transferencia de dólares a otra cuenta, ni siquiera a la cuenta de un familia, del cónyuge o hasta entre cuentas propias.
Tampoco está habilitada la apertura de cuentas nuevas, y mucha gente no sabe si está habilitada para comprar dólares por la caída de la página oficial.
En ese marco, se aceleró una tendencia que los bancos ya sabían que iba a ocurrir: la corrida de ahorristas asustados que quieren llevarse los dólares a su casa o a cajas de seguridad. Se estima que sólo en una semana salieron 500 millones de dólares del sistema bancario.
Y la cifra seguramente aumentará. Si no fue más alta es porque para retirar dinero por caja es necesario sacar un turno, por las medidas preventivas del Covid. Y hay gente que se queja de que recién le asignan turno para octubre.
Esta situación es el caldo de cultivo perfecto para que aparezcan en las redes de internet los rumores sobre medidas drásticas. Palabras como “corralito” fueron tendencia en Twitter y se nota una creciente alarma por parte de pequeños ahorristas que ya vivieron crisis de confiscación de depósitos y tienen el reflejo condicionado cuando ven que hay turbulencia.
Como ruido de fondo de esta situación, sigue creciendo a toda velocidad la brecha entre el dólar paralelo y el tipo de cambio oficial. Ayer el llamado “contado con liquidación”, que es el tipo de cambio resultante de comprar bonos en pesos y venderlos en dólares, cerró a la cotización récord de 148 pesos, entre rumores de devaluación inevitable.
Uno de los datos que llamaron la atención en el mercado financiero es el hecho de que en Uruguay, las casas de cambio no tienen precio para comprar pesos argentinos, algo que se toma como un indicador de que se espera un empeoramiento de la situación.
(Corresponsal Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
La 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) emitió ayer el discurso pregrabado del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, en contexto mundial de coronavirus.
El mandatario destacó que el abordaje de Uruguay a la pandemia ha sido "multidisciplinario, social, económico y epidemiológico, monitoreado por un Grupo Asesor Científico Honorario que nos genera mucho orgullo, y basado en el uso de la libertad de forma responsable por parte de nuestros ciudadanos. Con solidaridad y generosidad", dijo.
Según Lacalle Pou, Uruguay "continúa honrando su historia en materia de reducción de desigualdades, así como en su apuesta por el trabajo digno, sustentado en la inversión y crecimiento".
El presidente señaló, entre otras consideraciones, que le "resulta paradójico que países como Uruguay, clasificados como países en desarrollo de altos ingresos, no tengan acceso a la mayor parte de las fuentes de cooperación internacional o líneas más favorables de crédito", que "se basa solamente en el ingreso per cápita". Llamó a considerar un "criterio multidimensional" y destacó el apoyo de la Cepal "en favor del desarrollo de un criterio multifactorial".
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió que se desarchive la investigación iniciada en noviembre del año pasado sobre misiones oficiales al exterior encabezadas por Miguel Ángel Toma cuando era secretario de Presidencia durante la anterior administración.
La nueva presidente de la Jutep, Susana Signorino, sostuvo ayer que se pedirá más información que la que solicitó el anterior directorio del organismo, integrado entonces por Ricardo Gil Iribarne, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez. Signorino dijo a radio Montecarlo que se pedirán los informes realizados por Toma que rinden cuentas de lo actuado en las misiones oficiales.
“A la vuelta de la misión oficial, por lo general todos los funcionarios debemos hacer un informe de lo que se actuó en el exterior. Esos informes no fueron proporcionados por Presidencia”, dijo Signorino.
La investigación, por otra parte, se ampliará. Además de los viajes que Toma realizó a Roma para asistir a las audiencias del juicio a militares que participaron en el Plan Cóndor, se examinará las misiones oficiales a Washington por la demanda que Aratirí le inició al Estado uruguayo.
Además se indagará porqué Toma tenía un tope de gasto en pasajes de 6.000 dólares y las personas que viajaron con él, un límite de 2.000 dólares. Signorino dijo que en el expediente no está el detalle de los pasajes, sino las “devoluciones de viáticos [y] una rendición de cuentas parcial”. “Lo único que dicen es que gastaron tanto y que devuelven tanto”, apuntó.
A esta decisión de la Jutep se le suma una investigación administrativa ordenada la semana pasada por el presidente Luis Lacalle Pou.
El eje de ambas investigaciones es por qué en las misiones oficiales encabezadas por Toma participaba la contadora Giuliana Pérez Muñiz, de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). La profesional integró las delegaciones oficiales a Roma y Washington el año pasado pese a que obtuvo su título en diciembre de 2018 y comenzó a trabajar en la Senaclaft en abril de 2019. Además, las tareas que, según Toma, se le encomendaron en el caso del juicio en Roma, no estaban en conocimiento del entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa.
El ministro del Interior Jorge Larrañaga consideró que no fue un error haber designado al jefe de Policía de Flores que renunció a ese cargo el pasado lunes, pese a que estaba siendo investigado por las trabas a la indagatoria de un homicidio ocurrido en 2008.
En rueda de prensa y ante la pregunta de si fue un error la designación, Larrañaga respondió así: "No. Lo que pasa es que no sabíamos que podía terminar en una situación de acusación fiscal, que no significa condena".
Como parte de su argumento, Larrañaga argumentó que la acusación “es por abuso de funciones, un delito innominado y fuertemente cuestionado, más allá de los distintos fallos sobre su constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia”, resaltó el ministro.
El ministerio del Interior comunicó el lunes que Juan Ángel Fontes, hasta entonces jefe de Policía de Flores, había puesto a disposición su cargo “en virtud de su situación jurídica”.
Larrañaga señaló ayer que aceptaron la renuncia del jerarca "porque es necesario que él resuelva su propia situación jurídica, que goza, por supuesto, del principio de presunción de inocencia", dijo, y añadió que la decisión se tomó "en consulta del presidente de la República".
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, dijo ayer que ha "metido la pata varias veces", tras la propuesta del gobierno de pasar a su cartera la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) que hoy tiene la Intendencia de Montevideo (IM).
Así se expresó Uriarte hablando con radio El Espectador: "Reconozco que he metido la pata varias veces. No me defino como político; me defino como un técnico productor que tiene que estar en los medios políticos por el rol que represento".
Uriarte había declarado la semana pasada que "no dieron los tiempos" para informarle al presidente Luis Lacalle Pou del cambio de gobernanza de la UAM planteado en el proyecto de ley de Presupuesto.
El secretario general de la IM, Fernando Nopitsch, declaró la semana pasada: "Si el Poder Ejecutivo insiste en cambiar la gobernanza de la UAM, el Mercado Modelo pasará a operar en las más de 94 hectáreas que ahora volvieron a manos de la Intendencia de Montevideo".
El gobierno aumentó de 30 a 60 segundos por cada hora de programación, la tolerancia de límite de tiempo de publicidad en televisión en Montevideo y, a 120 segundos en los demás departamentos.
La flexibilización está contenida en un nuevo decreto reglamentario de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, según consignó La Diaria.
Estos márgenes de tolerancia se duplicarán (a 120 segundos en Montevideo y 240 en el interior por cada hora de transmisión) “cuando la publicidad se emite en programas realizados en vivo”.
ECONOMÍA Y EMPRESA
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial indicó en su sitio web que la compañía panameña de inversiones Larah, que tenía acciones en Pluna SA, presentó una demanda por US$ 800 millones contra el Estado uruguayo para obtener una compensación financiera por su presunta responsabilidad en el cierre de la aerolínea de bandera nacional, en 2012.
Según consigna El Observador, el planteo de la empresa demandante parte del supuesto de que hubo una violación al tratado de protección y promoción recíproca de inversiones que rige entre Uruguay y Panamá desde 1998, y que el Estado uruguayo debe hacerse cargo de los daños causados al cerrar Pluna.
El matutino señala que Uruguay contrató para su defensa al estudio Foley Hoag, de Washington DC, el mismo que defendió al Estado –y lo hizo ganar– en los juicios presentados también ante el Ciadi, por la empresa minera Aratirí y la tabacalera Philip Morris.
La vicepresidente Beatriz Argimón abordó con la comisión de legisladores oficialistas que analiza el proyecto de ley de Presupuesto, el tema de los recursos para implementar la ley integral de lucha contra la violencia de género, aprobada a fines de 2017.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo no prevé dinero para la creación de más juzgados especializados en temas de género pero, según La Diaria, Argimón aseguró que hay “un compromiso” para modificar esto.
“Es muy importante que queden bien claras las partidas específicas para el cumplimiento de esta ley”, afirmó la vicepresidente en conferencia de prensa en el Parlamento.
En el mercado local, el dólar bajó ayer 0,19%. El interbancario fondo se operó en promedio a $42,422.
En lo que va de 2020, el dólar acumula una suba de 13,62%.
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $ 41,20 para la compra y $ 43,60 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en R$ 5,432.
En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 75,65. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 144,00.
Por su parte, el Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1706.
OTRAS NOTICIAS
Un joven de 21 años fue asesinado en el barrio Peñarol por desconocidos que lo balearon cuando transitaba en moto por camino Máximo Santos y Logroños en la noche del lunes.
Según Subrayado en base a fuentes en el lugar, la víctima iba con un amigo a encontrarse con ciertas personas para arreglar cuentas pendientes, pero cuando llegaron fueron sorprendidos a balazos y se produjo un enfrentamiento.
De acuerdo a esa versión, la víctima chocó con la moto y fue rematada en el piso, mientras que su amigo logró escapar.
Un soldado del Ejército fue baleado al ser rapiñado en un intento de rapiña cuando se estaba mudando de la vivienda que había compartido con su hermano, también militar, en un asentamiento del barrio Bella Italia.
Fuentes de la investigación dijeron a Montevideo Portal que los dos soldados vendieron la finca porque “estaban cansados de que les roben y no poder dejar la casa sóla”.
Mientras realizaban la mudanza, cinco hombres armados los rapiñaron; efectuaron un disparo e hirieron de bala a uno de ellos y además lastimaron con una piedra a una menor.
El ministro de Defensa, Javier García, informó a través de Twitter que en la tarde de ayer “falleció en un accidente en el puerto de Montevideo la Marinero de Primera Andrea Gutiérrez”.
Según Montevideo Portal en base a información extraoficial, la mujer de 35 años que trabajaba en la unidad de informática de la Armada, salía de su empleo en bicicleta cuando, dentro del predio del puerto, su vehículo se enganchó con una vía de tren que hay en el lugar; ella cayó al piso y un camión la embistió.
El caso está en etapa de investigación.
Foto: Presidencia de la República
