Fitch es la que da menos calificación a Uruguay: tiene al país en el nivel más bajo dentro de la categoría BBB, y a la deuda con perspectiva negativa
Comunicado
Fitch Ratings-New York-03 December 2019: El nuevo gobierno de Uruguay se enfrenta al desafío de reducir un déficit fiscal alto ante crecimiento bajo, opina Fitch Ratings. La estabilidad política es una fortaleza crediticia en medio de la volatilidad en otras partes de Latinoamérica, pero la estabilización de la carga de deuda pondrá a prueba la capacidad de la administración de adoptar medidas políticas contundentes y confiables.
La victoria estrecha de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, de centro-derecha, marca un cambio de gobierno después de 15 años de mandato del partido Frente Amplio, de centro-izquierda. Lacalle se ha comprometido a levantar las tasas de crecimiento débil y reducir el déficit fiscal para estabilizar la deuda pública creciente. Estas tendencias hicieron que Fitch modificara la Perspectiva de la calificación ‘BBB-‘ de Uruguay a Negativa en octubre de 2018 y han empeorado desde entonces.
La estabilidad institucional de Uruguay ha ayudado a evitar cambios drásticos de políticas en el pasado, pero no garantiza una acción decisiva en relación con los desafíos económicos, como lo demuestra la inercia de algunas reformas y la erosión de la credibilidad de las políticas en los últimos años.
En promedio, el crecimiento real del PIB ha sido de solo 1,3% desde 2015 e incluso este ritmo lento ha sido impulsado en gran medida por unos pocos sectores no intensivos en mano de obra, principalmente las telecomunicaciones. Fitch espera que el crecimiento repunte a 1,5% en 2020, desde 0,3% en 2019, a medida que avancen las obras de construcción de una gran planta de celulosa de UPM y otros proyectos de infraestructura. Más allá de esto, las perspectivas de crecimiento parecen silenciadas tras una contracción dramática de 32% en la inversión fija desde 2014 (incluso mayor que en Brasil).
Lacalle se ha comprometido a abordar los principales obstáculos para la competitividad, lo que incluye la reducción de las tarifas de los servicios públicos y la adopción de políticas salariales y laborales más flexibles. Sin embargo, aunque el Partido Nacional ha formado una coalición que le dará una mayoría legislativa, su composición ideológica diversa podría obstaculizar reformas ambiciosas. Por ejemplo, en un documento en el que se esbozan sus objetivos comunes, la coalición abandonó sus planes de liberalizar las importaciones de combustible para incorporar los puntos de vista de facciones más izquierdistas. La inclusión de Cabildo Abierto, un partido socialmente conservador, podría crear fricciones dentro de la coalición.
La consolidación fiscal es un desafío clave. El déficit primario del sector público aumentó de 0,8% del PIB en 2018 a 1,7% en octubre, neto de ingresos extraordinarios por concepto de pensiones. Fitch proyecta que la deuda del gobierno general alcanzará 66% del PIB en 2019 (incluidos los bonos emitidos para recapitalizar el banco central), tras haber subido 17 puntos porcentuales en los últimos cinco años, lo que representa el mayor aumento en la categoría BBB. Fitch estima que una mejora de 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario estabilizaría la deuda, pero esto podría requerir más de 2,5 puntos porcentuales en medidas dadas las presiones persistentes sobre los gastos.
Un crecimiento más firme contribuiría a la consolidación, pero creemos que su impacto podría ser mucho menor de lo que sugiere la estimación del gobierno saliente de que la desaceleración económica explica 1 punto porcentual del PIB del déficit más amplio. Los ingresos fiscales no han disminuido como porcentaje del PIB a pesar del crecimiento lento. Esta resistencia es positiva, pero destaca la forma en que las presiones estructurales sobre los gastos han impulsado el deterioro fiscal. El gasto corriente primario ha aumentado en 3 puntos porcentuales del PIB desde 2014, superando ampliamente las proyecciones presupuestarias de cada año, incluidas las de 2019 (el aumento de 0,8 puntos porcentuales del PIB hasta octubre superó con creces la previsión de junio de 0,1 puntos porcentuales).
El nuevo gobierno se ha comprometido a contener el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos, pero esto podría resultarle difícil. Los recortes de gastos prometidos de USD900 millones (1,6% del PIB) han suscitado cierto escepticismo por parte de los funcionarios y exfuncionarios del gobierno y es posible que se enfrenten problemas de implementación. Si bien todo el espectro político considera que la reforma de seguridad social es necesaria, podría llevar tiempo negociarla y mucho más para generar ahorros. Incluso así, es posible que estos ahorros solo estabilicen el gasto en lugar de reducirlo y contribuyan a la disminución del déficit.
Algunas partes del plan de crecimiento del gobierno (p. ej., los recortes en las tarifas de los servicios públicos) podrían ser incompatibles, hasta cierto punto, con la consolidación fiscal. Las metas fiscales quinquenales de la administración, que se publicarán en el ejercicio presupuestario del próximo año, indicarán cómo se espera equilibrar estos compromisos.
Fuente: Sitio web de Fitch
