En el espacio de opinión Tiene la Palabra, la abogada constitucionalista y senadora suplente por el Partido Nacional Carmen Asiaín confronta con el comentario del ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, en el sentido de que la forma actual de combate al narcotráfico ha fracasado y debería regularse su consumo a nivel mundial. Desde la audiencia, Gonzalo discute los argumentos de esa columna.
En su columna del miércoles 14, la abogada y senadora suplente nacionalista Carmen Asiaín cuestiona lo que caricaturiza como “genial idea” que “le susurra la conciencia” al ministro José Bayardi: “proponer la legalización de la cocaína y la heroína, como solución al problema del narcotráfico”. En realidad, el ministro dijo que, si a nivel mundial se despenalizara su consumo, “lo que presupone regular su utilización, a la droga no la distribuirían los narcotraficantes sino los grandes laboratorios de la industria del medicamento”. Bayardi recordó además que ya lo plantearon varios presidentes latinoamericanos, incluso el uruguayo Jorge Batlle, en vista de que la política de combate vigente “está conduciendo a un fracaso estrepitoso y ambientando niveles de criminalidad muy importantes”.
La senadora Asiaín argumenta que “la Constitución uruguaya encomienda al Estado dictar las normas necesarias en materia de salud e higiene públicas, para procurar el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país”, y dictamina “qué hacer con conductas como las adicciones, estableciendo ‘El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales’”. Pregunta “¿qué dice de nuestra sociedad la adopción de tal medida? ¿Qué dice de nosotros?”.
Este tema tiene dos siglos, y ha dejado enseñanzas contundentes.
“Esta noche, un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación”, proclamaba con optimismo el senador Andrew Volstead el 16 de enero de 1919, cuando comenzaba a regir en Estados Unidos la Enmienda Constitucional 18. La “Ley Seca” que él había impulsado prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas.
“Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del Infierno”, celebraba Volstead apoyado por asociaciones religiosas y comités prohibicionistas diversos, incluidos los sindicatos en lucha contra el alcoholismo que empobrecía a los trabajadores. En octubre de ese año se aprobó finalmente la ley Volstead que implementaba la prohibición.
Lo que ocurrió, en cambio, fue que –para empezar– millones de personas fabricaron sus propias bebidas, entre ellas el “gin de la bañera” elaborado con alcohol puro y aderezos químicos que mataron o enfermaron gravemente a miles de personas. Florecieron los bares clandestinos: en 1925 había 100.000 en las principales ciudades, 10.000 de ellos en Nueva York. Los 1.550 agentes federales destinados al combate al alcohol no pudieron evitar que el 95 por ciento del contrabando llegara a su destino.
El contrabando y la fabricación ilegal de licores se convirtieron en un negocio altamente rentable, y la Ley Seca generó un colosal imperio criminal. El gobierno federal gastó enormes sumas intentando hacer cumplir la ley, pero las mafias protegían su negocio mediante sobornos a congresistas, jueces, policías y funcionarios, y el crimen organizado se enquistó hasta convertirse en un auténtico poder paralelo. Ninguna novedad cuando hoy oímos hablar de corrupción.
Al Capone se adueñó de zonas enteras de Chicago para su negocio mediante “coimas”, asesinatos o amenazas; las bandas se enfrentaban violentamente en todo el país por el control del negocio. La delincuencia se multiplicó gravemente: en los 13 años de Ley Seca, los homicidios aumentaron un 78 por ciento, y los convictos federales en un 650 por ciento. Nada nuevo cuando hoy oímos hablar de asesinatos “por ajuste de cuentas”.
Y además el consumo per cápita de alcohol aumentó en forma notable, y también el número de muertos por envenenamiento con su ingesta.
En 1932, el grave aumento de la violencia delictiva había convencido a la opinión pública de que era la Ley Seca, y no al consumo de alcohol, la causa de la criminalidad. Así las cosas, en 1933 asumió la presidencia el candidato del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt, y en diciembre de ese mismo año el Congreso derogó la Enmienda 18. Pero la mafia, que se había adueñado de Estados Unidos gracias a la Ley Seca, obtuvo en ese tiempo tal poderío económico y político que se siguió siendo un Estado paralelo por muchas décadas.
OTRA PROHIBICIÓN
Nada distinto a lo que ocurre hoy con el narcotráfico, y ocurría ya desde las Guerras del Opio (la primera en 1839), cuando el Imperio Británico contrabandeaba a China la droga producida en la India colonizada. O lo que ocurre desde fines del siglo XIX con la heroína y tantas otras sustancias prohibidas.
Según estimaciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales públicos y privados, solamente el comercio de cocaína genera más de 120.000 millones de dólares por año, además de los costos de la guerra anti-drogas y los daños económicos colaterales para las sociedades y los gobiernos.
Los consumidores gastan en cocaína un promedio global de US$ 90 por gramo. La producción de hoja de coca en Colombia llega a niveles históricos, las rutas se diversifican, y las numerosas organizaciones de tráfico tienen gran disponibilidad y con mayor pureza en todo el mercado europeo. Por cierto, entre los 20 países principales de destino figuran EE.UU. y los 16 de Europa más desarrollados que, si de algo no podrían ser acusados, es de no dedicar recursos para combatir ese contrabando.
La OEA informaba en 2013 que un granjero colombiano recibía en promedio US$ 1,3 por kilo de hoja de coca; con 450 kg. de hoja (US$ 600) se fabrica uno de pasta base de hidrocloruro de cocaína, que en los puertos del país costaba entre US$ 5.500 y 7.000 y en Estados Unidos era vendido al mayoreo a US$ 27.000 o más. En EE.UU, el gramo de cocaína refinada alcanzó en 2010 los US$ 165. Pero si en algún punto intermedio de la cadena se alteraba la composición química y se duplicaba su peso, el kilo original de cocaína se convertía en dos kilos de “eso” (desde talco a medicamentos y agrotóxicos), que al menudeo costaba US$ 330 mil.
De allí los 120 mil millones de dólares anuales que genera la cocaína (el total del narcotráfico se estima en US$ 652.000 millones). ¿Cómo no explicarse, entonces, que un peón uruguayo gane US$ 10.000 por recoger en el campo un paquete tirado desde una avioneta, o que un agente de Interpol compre con US$ 30.000 a un policía militar del aeropuerto por “no ver” que las mochilas vienen cargadas?
El dinero del narcotráfico es una inmensa fuente de poder, al igual que las ganancias demenciales generadas por otras actividades “indeseables” pero que ocurren, mal que contradigan las convicciones morales, religiosas, filosóficas de una sociedad dada. Se estima que en 1927, poco después de asesinar a casi todos sus rivales mafiosos y quedar como dueño, Al Capone había ganado una fortuna personal de US$ 100 millones con los negocios prohibidos: alcohol, juego y prostitución. A partir de ese poder la mafia se constituyó en un Estado paralelo dentro del país más poderoso del planeta… Hasta que al presidente Roosevelt “la conciencia le susurró la genial idea” de que la Ley Seca, aquella respuesta al problema del alcohol, había provocado mucho más delito, muerte y dolor que el mal que pretendía combatir.
Y OTRAS PROHIBICIONES
Si se trata de defender al ser humano de sus propias debilidades, se podría revertir las preguntas retóricas de la senadora Asiaín: ¿por qué no prohibir el juego, la prostitución, el alcohol, ya que estamos el tabaco, y volvemos a criminalizar el aborto (para regocijo de quienes hicieron fortunas a la vista de todos los que “no veían”, “no sabían”)?
Sin embargo, en todo el mundo se está discutiendo la legalización de las drogas, en paralelo con una política de “reducción de daños” al consumo. Obviamente, la despenalización y regulación sería un golpe al poder del narcotráfico.
También en países que criminalizan la prostitución se discute su legalización, y hay resultados comprobados en sociedades tan distintas como Rhode Island (EE.UU.) u Holanda: disminución de las enfermedades de transmisión sexual al tener control de la salud de las trabajadoras sexuales, y disminución de los delitos asociados al sexo (desde violencia contra inmigrantes ilegales obligadas a prostituirse hasta disminución de las violaciones).
Dos siglos después, parecería que lo que fracasó (y no en Uruguay sino en todo el mundo) no fue la represión de algunos delitos, sino reprimir como delitos algunas conductas que las sociedades, o parte de ellas, practicarán de todos modos.
Les saludo atentamente y sugiero algunas de las muchísimas notas sobre estos temas que pueden aportar elementos serios de discusión.
G. Beade
(Vía correo electrónico)
El País, 08.01 2017: UNA GUERRA PERDIDA. 10.000 personas trabajaron para traficantes en 6 años
Radio Uruguay, 07.08.2019: Bayardi a favor de una regulación de la cocaína a nivel global
New York Times, 21.05.2016: Opresión o profesión: ¿debería ser delito la prostitución?
Nota relacionada
¿Legalizar drogas duras por no poder combatirlas? Columna de opinión de la Dra. Carmen Asiaín.
¿Cómo te comunicas con En Perspectiva?
Por SMS: 55511
Por correo electrónico: [email protected]
Las opiniones recibidas podrán ser editadas por extensión y claridad.
