El sindicato de la empresa ejecutó la medida en la mañana de este jueves, a pesar de que el miércoles la Justicia la había calificado de "manifiestamente ilegítima"
De esto, En Perspectiva conversó también con Leonardo Slinger, abogado especialista en Derecho Laboral.
Producción: Gastón González Napoli
El conflicto en MontevideoGas llegó a su pico este jueves, cuando el sindicato ejecutó el control obrero de la empresa. Se trata de un desafío a la determinación de la Justicia: ayer miércoles por la tarde, el juez Hugo Rundie hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la compañía y prohibió al sindicato cumplir con su amenaza. Este jueves, Rundie reforzó su determinación al firmar una orden de desalojo.
El dirigente sindical Alejandro Acosta explicó así a En Perspectiva la decisión del gremio: "Acá lo que está en peligro es el servicio público de gas natural, porque se han perdido miles de usuarios y se continúan perdiendo".
Un conflicto con historia
¿Cómo se llegó a esta situación? El conflicto viene desarrollándose desde el 2017, cuando MontevideoGas, la empresa que distribuye gas por cañería en la capital, despidió a 21 trabajadores.
En aquel entonces, con una negociación que incluyó una huelga de hambre, el sindicato consiguió que se retomara a esos empleados a cambio de una congelación salarial y de una reestructura en el sector de telefonía.
El convenio venció a mediados del 2018 y el Gobierno intervino en busca de un acuerdo.
Se puso sobre la mesa una propuesta económica: el Estado se haría cargo de algunos gastos de mantenimiento e inspección, y para financiarlos se planteaba un aumento en el precio del servicio a los clientes, según contó a En Perspectiva el año pasado el director nacional de trabajo, Jorge Mesa.
Sin embargo, MontevideoGas rechazó la propuesta y volvió a despedir a los 21 trabajadores. Además, denunció cinco convenios colectivos, bajo el argumento de que ya no eran sostenibles. La empresa, que desde 2006 es propiedad de la brasileña Petrobras, aseguraba que necesitaba concretar un ahorro de casi un millón de dólares para tener viabilidad.
Una vez más, el sindicato resolvió instaurar una huelga de hambre. En Perspectiva conversó en aquel momento, en el mes de octubre, con dos de los manifestantes, Pablo Sequeira y Ernesto de Giovanni, quienes sostuvieron que la dirección de la empresa había cambiado fuertemente con la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil en 2016. Según ellos, detrás de las decisiones de MontevideoGas había intenciones políticas.
Acá no es un tema económico, porque es una empresa rentable. Más allá de que hayamos perdido 6.000 usuarios y es una sangría constante, mes a mes venimos perdiendo usuarios, que está muy mal gestionada, no hay una política comercial de parte de la empresa, pero tiene muchas posibilidades.
La tarifa de gas ahora anda en unos 16, 17 dólares el millón de BTU, cuando años anteriores estaba a 24 y todavía la empresa estaba bien parada. Hoy hay mayores posibilidades con la tarifa y también con el volumen, porque el nuevo contrato que firmó el Estado con Argentina aumentaron 50 mil metros cúbicos diarios más.
O sea que tenemos más volumen de gas a menor precio. Es una empresa que tiene muchas posibilidades de desarrollarse.
En noviembre, la empresa aceptó retomar a los 21 trabajadores y se levantó el conflicto. Pero la paz duró poco.
Control obrero
A principios de marzo, MontevideoGas volvió a enviar a seguro de paro a una veintena de empleados y anunció una reestructura que iría más a fondo: en una primera instancia, se reducirían 37 puestos de trabajo, el 25% de la plantilla. Se eliminarían por completo algunos sectores, como el de toma de consumo y el de reparto de facturas.
Entonces apareció la posibilidad de dar un salto más en las medidas de lucha: el “control obrero”. El sindicato lo anunció ya para el 25 de marzo, mientras denunciaba que Petrobras pretendía retirarse del país. Pero una vez más, el Poder Ejecutivo intervino y puso paños fríos. Una nueva propuesta económica y la promesa de avanzar en una mesa tripartita con la empresa, llevaron a los trabajadores a cancelar la decisión.
La calma, esta vez, duró todavía menos. Hace dos semanas, O Globo informó que Petrobras está manejando la posibilidad de devolver las concesiones de distribución de gas que tiene en Uruguay: MontevideoGas en la capital y Conecta en el interior. El argumento son las pérdidas que el negocio tiene en el país, que según el medio brasileño suman 116 millones de dólares.
A eso se sumó el fracaso en las negociaciones. El sindicato se reunió en asamblea y determinó que el martes 23 de abril ejecutaría, ahora sí, el control obrero. En un comunicado, la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas explicó que su intención era lograr que Petrobras se retirara de la concesión y así "salvar el servicio público de gas natural".
Enseguida, la empresa presentó un recurso de amparo, alegando que la decisión de despedir trabajadores es legítima, pero que el control obrero no lo es, pues no está cubierto por el decreto 165, que regula el derecho de huelga y admite las ocupaciones.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, ya había declarado públicamente que control obrero y ocupación son cosas distintas, y que el Gobierno no iba a tolerar dicha toma de control.
El fallo
En el fallo judicial al respecto, conocido en la tarde de ayer, se detalla cómo el sindicato rebatió a la empresa y afirmó que Petrobras está realizando una “ineficiente gestión”. Los trabajadores declararon que la empresa no quiere negociar y recordaron que el sindicato supo hacerse cargo de la gestión de MontevideoGas en el pasado. Aseguraron que su intención con el control obrero es evitar que se paralice la distribución de gas por cañería.
Pidieron, además, que el Poder Judicial exija a la empresa sentarse a negociar en torno a la propuesta que presentó a principios de abril el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Pero la Justicia falló a favor de Petrobras. El juez Hugo Rundie calificó de “manifiestamente absurda” la pretensión de que el Poder Judicial obligara a Petrobras a negociar. “Se trata de un planteo antojadizo y sin argumento jurídico ninguno”, escribió el magistrado.
En cuanto a la medida de control obrero, Rundie afirmó que es “manifiestamente ilegítima y vulnera de forma flagrante derechos y libertades constitucionales”. Menciona la libertad en general, los derechos a ejercer industria y comercio, la libertad de empresa o iniciativa económica, y en particular la propiedad privada, que, afirma el juez, solamente podría violarse mediante una expropiación.
Además, Rundie rechazó que Petrobras haya abandonado la gestión, como argumentaron los trabajadores, y consideró que, de tomar control, el sindicato atentaría contra la propia productividad de la empresa, porque los trabajadores admitieron no tener especialización en todas las áreas.
El juez determinó entonces prohibir “a la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas a obstaculizar el ingreso y egreso de otros trabajadores e integrantes de la empresa al lugar donde se desarrollan las tareas, debiendo abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero”.
Consecuencias
En la misma línea, el Gobierno comunicó al sindicato de trabajadores que no está dispuesto a tolerar el control obrero de una empresa, según explicó ayer el ministro de Industria, energía y Minería, Guillermo Moncecchi.
El secretario de Estado compareció a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, donde dio explicaciones de sobre la posición del Ejecutivo en este y otros temas.
Al término de ese encuentro con los legisladores, Moncecchi declaró a los medios de comunicación que el gobierno garantizará que se “cumpla con el marco legal”, que no prevé el control obrero de ningún tipo de empresa:
-La garantía que da el Gobierno es lo mismo que ha anunciado ya a través del ministro Murro el Poder Ejecutivo. El cumplimiento del marco legal.
-¿O sea que si se llega a tomar control obrero se estaría incurriendo en una falta por parte del gremio?
-Entendemos que sí.
-¿Se lo han transmitido?
-Sí, por supuesto.
-¿Qué se está negociando? ¿Cuándo puede haber algún resultado?
-Se está negociando principalmente en el ámbito laboral. En paralelo tenemos ámbitos con la empresa por una negociación de la concesión, donde se trabaja en la ecuación económico-financiera de la empresa.
-¿Siguen con la idea de irse?
-No han manifestado la voluntad de retirarse en las reuniones con nosotros.
Sobre el mismo tema habló el diputado colorado Walter Verri, uno de los que convocaron a Moncecchi a la comisión de Industria del Parlamento:
Es una muy mala señal hacia cualquier inversor que quiera venir al Uruguay decirle que un sindicato puede tomar el control de una empresa. No solo atenta contra el derecho de propiedad, va mucho más allá de lo que la legislación uruguaya prevé.
Pero nada de todo esto amedrentó al sindicato. Los trabajadores se reunieron en asamblea nada más conocer el fallo judicial, y por amplia mayoría facultaron a la directiva a ejecutar el control obrero.
El dirigente sindical Alejandro Acosta explicó que no veían respuestas válidas ni del Gobierno ni de la empresa y por eso decidieron actuar:
No nos queda más remedio, frente a la inacción de unos y la acción de la empresa, tomar medidas.
Lamentamos que el juez valore más el derecho de la propiedad privada de una multinacional que el servicio público y el derecho al trabajo que tenemos los trabajadores, que es lo único que tenemos.Aparte, cuantos menos trabajadores para desempeñar la tarea, peor calidad de servicio y más usuarios se van a terminar yendo. Y la empresa va a estar peor, porque ayer en la propia audiencia el gerente general Carlos Bellomo dijo claramente que MontevideoGas ni siquiera tiene la posibilidad de ser sujeto de crédito porque ningún banco le presta plata en función del estado en el que está. Todo eso es resultado de la gestión de Petrobras. Cuando Petrobras asumió en 2006, no era ese el problema, no era esa la condición.
Acosta culminó:
Estamos dispuestos a afrontar las consecuencias que sean en función de que entendemos que no hay nadie que haya planteado una salida a la situación. Petrobras mismo se negó a una salida. La defensa del trabajo, la defensa del servicio público, está por encima de cualquier consecuencia.
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