¿Cuánto le cuesta al Estado el caso Pluna? |

Las consecuencias del cierre de la aerolínea de bandera uruguaya dieron un nuevo giro este martes, cuando una sentencia en primera instancia condenó al Banco República a devolverle al empresario argentino Juan Carlos López Mena lo que él ya había pagado del aval de Pluna en 2013

Producción: Rodrigo Abelenda

¿Cuánto le costó al Estado el caso Pluna? ¿Se sigue perdiendo dinero?

Las preguntas volvieron a escucharse esta semana luego de que la Justicia Civil condenó al Banco República (BROU) a devolverle al empresario argentino Juan Carlos López Mena los pagos que ya realizó por el aval que se concedió en su momento a la empresa Cosmo para la compra de siete aviones que pertenecían a Pluna SA; la cifra deberá ser ajustada con los intereses correspondientes. Además, le ordenó pagarle al dueño de Buquebus US$ 15.000 por concepto de daño moral.

El aval ascendía en total a US$ 13.600.000 dólares. Fuentes del BROU dijeron a En Perspectiva que López Mena abonó hasta ahora US$ 8 millones en cuotas. Este fallo en primera instancia obliga al banco a devolver esa suma más intereses. Sin embargo, el BROU apelará la decisión.

Los informantes del BROU consultados por En Perspectiva entienden que si el fallo se confirma el Estado no se estaría perdiendo más plata, si no devolviendo lo que había logrado recuperar para achicar las pérdidas generadas por la liquidación de la aerolínea.

¿Por dónde perdió plata el Estado en todo este asunto?

En 2007 el fondo de inversión Leadgate, que estaba representado por el argentino Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, se hace cargo de la aerolínea al comprar el 75% del paquete accionario.

En sociedad con el Estado, Leadgate resuelve la compra en cuotas de siete aviones Bombardier que totalizan US$ 203 millones (US$ 29 millones cada uno). La compra fue financiada por el ScotiaBank y la garantía del préstamo está a cargo del Estado Uruguayo.

A mediados de junio de 2012, Leadgate deja la compañía en medio de una situación de insolvencia y el Gobierno toma la decisión de buscar un nuevo inversor. Sin embargo, menos de un mes más tarde, el directorio, controlado por el Estado, suspende indefinidamente las operaciones e inicia un proceso de concurso.

Mientras estuvo al frente de Pluna SA, Leadgate pagó algunas cuotas a Scotiabank por los aviones, pero al liquidarse quedó una deuda de US$ 137 millones de la cual el Estado era garante.

La liquidación

Para liquidar la aerolínea el gobierno envío un proyecto de ley al Parlamento con el que se creaba un fideicomiso al que se transferirían los bienes de la compañía, entre ellos siete aviones Bombardier.

La intención era subastarlos. En una conferencia de prensa, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, explicaba que con la venta de los aviones se pagarían las deudas de Pluna SA.

Con la ley aprobada, el fideicomiso organizó la subasta el primero de octubre de 2012. Para participar en la subasta el fideicomiso exigió como requisito una garantía de mantenimiento de oferta (el famoso aval del BROU) de US$ 13.600.000.

La empresa española Cosmo fue la única que se presentó al remate luego de haber obtenido en tiempo récord el aval de parte del BROU. De por medio estaba la argentina Boston Compañía de Seguros, que cubría ante el BROU la garantía de mantenimiento de la oferta a realizar por Cosmo en la subasta de las aeronaves.

El remate finalmente se frustró cuando Cosmo retiró la oferta en medio de una polémica por la vinculación del representante de la empresa, Hernán Antonio Calvo Sánchez con Juan Carlos López Mena.

Al caerse el remate, el fideicomiso reclamó al BROU el pago del aval. Ante el requerimiento el banco pagó (*) pero, a su vez, reclamó a la aseguradora Boston. Esta última se negó a responder.

La controversia se extendió durante cuatro meses hasta que López Mena decidió hacerse cargo de la deuda, en marzo de 2013. Argumentó que lo hacía por su doble condición de cliente de Boston y del BROU y, sobre todo, para preservar sus relación con la institución bancaria estatal, principal financiadora de buena parte de sus proyectos.

El concurso

En 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley que creó el fideicomiso, lo que implicó “la nulidad de la subasta y del aval otorgado”. Con esa decisión los aviones volvieron a la masa concursal.

Finalmente, los aviones se vendieron en 2016, con lo que se recaudaron US$ 77.000.000 en total. Así se saldó la deuda con todos los acreedores salvo uno, el Scotiabank. El propio banco aceptó quedar por fuera del proceso y que el Estado le siguiera abonando la deuda de US$ 137.000.000 en cuotas semestrales de aproximadamente US$ 8.000.000, que aún se están pagando.

El pasivo contraído con el Scotiabank hacía inviable el pago al 100% de los acreedores, por lo que la exclusión de esta institución financiera era la mejor solución para no dilatar la cantidad de juicios por deudas.

Las cuotas que se pagan al Scotiabank son la mayor pérdida para el Estado en todo este proceso, dijo ayer a En Perspectiva Gabriel Ferreira, el ex síndico de Pluna SA.

"Esa es para mí la pérdida que hubo en todo esto. Con la venta de los aviones ingresó dinero. Todo el mundo cobró el 100% menos el Estado que tuvo que seguir pagando las cuotas al Scotia", dijo.

El aval

¿Cómo juega el aval otorgado por el BROU? ¿Hay que sumarlo a las pérdidas?

En la cuenta global, lo que López Mena estaba abonando por el aval le servía al Estado para aliviar la pérdida de US$137.000.000 por la deuda del Scotiabank. Si López Mena hubiera pagado todo el aval, el Estado al menos hubiera recuperado casi el 10% de esa pérdida generada en la liquidación.

En marzo de 2013 López Mena había llegado a un acuerdo con el BROU para hacerse cargo del aval que el banco ya había depositado en el fideicomiso. Sin embargo, con el fallo de inconstitucionalidad cambió su estrategia e inició una demanda civil contra el BROU para recuperar lo abonado.

¿Cuál era su fundamento? Una cláusula del convenio que había cerrado con el banco, que establecía que si la ley de liquidación quedaba sin efecto, debía reembolsársele el dinero.

El BROU alegaba que la inconstitucionalidad de la ley no anulaba el remate, pero López Mena igual prosiguió con su acción judicial. Durante el proceso, el empresario dejó de pagar las cuotas del compromiso que había asumido y el banco le bajó su categoría crediticia, lo cual fue anunciado en el sitio web de la institución estatal.

Luego López Mena renegoció las cuotas y retomó el pago de la deuda, y, por otro lado, denunció al BROU ante la Justicia Civil por daño moral. Según él, al bajarlo a la categoría de deudor y hacer pública la resolución, el banco había afectado su imagen comercial.

Finalmente, la Justicia le dio la razón el martes. Hasta ahora el empresario argentino llegó a pagar US$ 8.000.000 del total del aval.

Ahora, con este fallo en primera instancia, el BROU le debería devolver a López Mena esa cifra y afrontar algunos gastos nuevos: los intereses de esa devolución y los US$ 15.000 por daño moral.

Pero el pago no es definitivo ya que el banco va a apelar la sentencia.