Al presentar su dictamen, el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco mencionó reiteradas veces que si la administración del ente hubiese presentado una denuncia por apropiación indebida contra el expresidente de ALUR, él podría haber continuado por ese camino
Producción: Alejandro Rodríguez
El uso que Leonardo De León hizo de la tarjeta corporativa de Alcoholes del Uruguay (ALUR) volvió al debate ayer en la Comisión Permanente del Parlamento. La novedad fue el motivo por el cual se resolvió desde el Gobierno no denunciar a De León, expresidente de ALUR y actual senador del Frente Amplio.
Esta información se conoció durante la comparecencia parlamentaria de los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Industria, Energía y Minería, Guillermo Monchecchi. Los ministros habían sido citados por la oposición, en primer lugar para dar cuenta de la política tarifaria del Gobierno, pero también para explicar por qué motivo Ancap o ALUR no denunciaron a De León por las irregularidades en el manejo de la tarjeta corporativa mientras fue presidente de esa empresa, entre diciembre de 2013 y febrero de 2015.
La vista fiscal
En mayo del año pasado el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, se pronunció por el archivo de la denuncia contra el expresidente de ALUR, indagado, entre otros motivos, por el uso de la tarjeta corporativa de esa compañía, que es 90,79% propiedad de Ancap y 9,21% propiedad de la venezolana Pdvsa.
Si bien el 6 de abril la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) había señalado que el dirigente de la Lista 711 había cometido "irregularidades" en el uso de la tarjeta, Pacheco señaló en su dictamen que no pediría una acción penal debido a "la ausencia [en ALUR] de reglamentación [sobre las tarjetas corporativas] y la no exigibilidad de comprobantes de los gastos".
Pacheco consideró acreditado que no existía en ALUR este reglamento "y aún cuando en determinando momento se elaboró un instructivo, no consta que este hubiera sido formalmente aprobado".
El fiscal señaló que “si bien los ejemplos demuestran un uso claramente indebido de la tarjeta, los aceptados principios de lesividad y de intervención mínima del derecho penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida”.
En el escrito se indicaba, también, que “aún cuando los supuestos delitos de apropiación indebida se castigan de oficio, no deja de ser relevante advertir que los hechos no fueron denunciados por la empresa presumiblemente damnificada, ALUR S.A., ni por el accionista minoritario, propietarios de los fondos respecto de los cuales se habría hecho un uso distinto al fin para los que fueron concedidos”.
Denuncia
Aquí hay un elemento importante que maneja el fiscal Pacheco: la ausencia de una denuncia de ALUR o, en su defecto, de Ancap. En reportajes periodísticos posteriores al dictamen, Pacheco asignó una relevancia superlativa a este hecho.
Por ejemplo, el mismo día en que se conoció el dictamen, el 2 de mayo, Pacheco concedió una entrevista al portal digital Ecos:
-En ALUR no había ningún tipo de reglamento, había un instructivo que nunca se aprobó, es una empresa privada y se hizo más dificultoso encontrar una figura delictiva. No hay en realidad. Podría ir a la apropiación indebida.
-¿Y entonces?
– La apropiación indebida, si bien es un delito que se puede castigar de oficio, en la práctica lo que precisás es que la propia empresa damnificada te haga una denuncia, que acá no la hay. Alguien que diga: “Acá tengo a un presidente que está haciendo un uso indebido de la plata”; ni ALUR, ni Ancap, ni el accionista minoritario ni nadie lo dijo.
Pocos días después, el 11 de mayo, en una entrevista con el informativo de radio Carve, Pacheco indicó que si ALUR se hubiera presentado ante la Fiscalía de Crimen Organizado con información del uso irregular de la tarjeta corporativa por parte de De León, él habría tenido que revisar la documentación y analizar si había elementos que motivaran el desarchivo de la causa.
"Si lo hiciera ahora, como todo archivo, es sin perjuicio. Un archivo sin perjuicio significa que si se agregan hechos nuevos corresponde reanalizar", explicó Pacheco. "Habría que analizar esa conducta de ALUR, esa denuncia y ver si la denuncia del interesado hacen cambiar o no la opinión de la Fiscalía".
Explicación
Ayer, varios meses después de todo esto, y cuando el expediente judicial ha quedado prácticamente en el olvido, el Gobierno dio detalles de la decisión de no presentarse ante Fiscalía como parte damnificada.
El diputado nacionalista Pablo Iturralde había añadido este asunto al motivo original de la convocatoria: los ajustes de tarifas públicas aprobados a comienzos de año. Iturralde cuestionó en sala que las autoridades, como funcionarios públicos, no hayan presentado un escrito ante la Fiscalía como parte perjudicada por la gestión de De León.
Al momento de responder, el ministro Moncecchi le cedió la palabra al director de Ancap Ignacio Berti, único integrante del Directorio del organismo presente en la sesión parlamentaria.
En su intervención, Berti señaló que la decisión de no presentarse ante la Fiscalía se hizo en base a una “evaluación estrictamente jurídica”.
Sostuvo que el fiscal Pacheco no inició un proceso penal contra De León porque no tuvo los elementos probatorios para acusarlo de apropiación indebida y que no necesitaba de una denuncia de ALUR porque el delito de apropiación indebida puede perseguirlo la Fiscalía de oficio.
De todos modos, Berti reconoció que algunas declaraciones a la prensa de Pacheco generaron “dudas” y por ese motivo se solicitó un informe jurídico externo al abogado Gustavo Bordes.
Ese informe jurídico avaló la tesis inicial: que no era necesario que ALUR o Ancap se presentaran ante la Fiscalía como parte damnificada por el uso indebido de la tarjeta corporativa por parte de Leonardo De León.
Así habló Berti:
Nos llevaron a concluir que no tiene sentido hacer la denuncia. Porque sopesamos precisamente el argumento menor de la falta de denuncia expresada en los medios por el fiscal -en algunos medios porque en otros dijo que no era necesaria la denuncia- con los demás elementos manejados por la Fiscalía.
Y concluimos que aún formulada tal presentación, no lograría conmover un ápice la decisión del fiscal. Aún cuando ALUR hiciera una denuncia redundante, el fiscal no variaría en absoluto su dictamen, a menos que deshiciera todo el dictamen que ya había realizado sobre otros fundamentos. Y para resolver o deshacer los otros fundamentos no tenemos ningún elemento, señora presidenta, para agregar.
Berti subrayó que no había elementos adicionales para presentar en la Fiscalía de Crimen Organizado una vez que Pacheco resolvió el archivo de la causa.
Añadió que se concluyó entre todos los directores de Ancap y de ALUR que “no correspondía” la presentación de una denuncia contra De León porque no se hallaron elementos nuevos que apuntaran contra un manejo irregular de la tarjeta corporativa en su período en la empresa.
Continuó el jerarca:
Creo que no es sostenible afirmar que la falta de denuncia de ALUR fue el elemento fundamental para que el fiscal no pidiera el procesamiento. Es verdad que ALUR no hizo la denuncia porque no sabía los hechos. Después que terminó el proceso, a la vista de las resoluciones, se analizó extensamente en el directorio con todos los integrantes -tanto del Directorio de Ancap, como de ALUR- y concluimos todos, con el asesoramiento de la asesoría jurídica de ALUR más los informes jurídicos externos recabados, en que no correspondía la presentación.
Pero además, había una razón “de Perogrullo”. Alguien hace una denuncia arriba de otra archivada cuando tiene algo nuevo que agregar. Si nosotros hubiéramos encontrado algún elemento nuevo o alguien hubiera venido a declarar algo, algún hecho o algo que realmente enervara esta afirmación del fiscal, sin dudas ahí hubiera jugado nuestra obligación de funcionario público de denunciar. Pero en este caso no se configura ni por asomo, con todo respeto lo digo, la obligación a la que alude el señor diputado.
A la luz de estas explicaciones, para Ancap, y también para ALUR, quedó zanjado el debate sobre lo ocurrido en aquella oportunidad alrededor del caso De León.
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¿Cómo evalúa esta respuesta el diputado Iturralde, que había planteado la convocatoria a sala?
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(DE NUESTRAS NOTICIAS DEL VIERNES 15)
Para el diputado nacionalista Pablo Iturralde, las autoridades de Ancap y de Alur debieron optar por el camino “más fácil” y “económico para el Estado”, y denunciar el uso que hizo Leonardo de León de las tarjetas corporativas mientras estuvo al frente de la empresa emblema de Bella Unión.
El miércoles, durante la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Economía y de Industria en la sesión de la Comisión Permanente convocadas por la oposición, Iturralde pidió que se explicara los motivos que llevaron a las autoridades a no denunciar este hecho ante la Justicia. Es que si bien el fiscal Luis Pacheco – que archivó la causa contra De León- dijo que aún cuando los supuestos delitos de apropiación indebida podían castigarse de oficio, no dejaba de ser relevante advertir que la empresa presumiblemente damnificada, ALUR S.A., no había denunciado el tema.
En la sesión, quien respondió al planteo de Iturralde fue Ignacio Berti, integrante del directorio de Ancap, quien afirmó que para despejar esas dudas el ente encargó un informe jurídico que avaló la tesis inicial: que no era necesario que ALUR o Ancap se presentaran ante la Fiscalía como parte damnificada por el uso indebido de la tarjeta corporativa por parte de De León.
Agregó que aún cuando ALUR hiciera una denuncia redundante, el fiscal no variaría en absoluto su dictamen, a menos que deshiciera todo el trabajo que ya había realizado sobre otros fundamentos. Y para eso – dijo Berti- “no tenemos ningún elemento” para presentar.
Estas explicaciones no conformaron a Iturralde, quien dijo lo siguiente en diálogo con En Perspectiva:
“En este caso Ancap, en vez de ir por el camino más corto, más barato y más razonable como administrador de bienes públicos, es decir ‘denuncio’, y una vez que denuncio la Justicia tomará cartas en el asunto, no… llama a un abogado que vaya y prepare un informe y que le diga qué debe hacer. Soy abogado, respeto mucho a mis colegas, pero yo también si soy un gobernante y quiero que me contesten de una manera puede llamar a cuatro o cinco, preguntarles la opinión y según la opinión que me den encomendar el informe a quien le guste más. Me temo mucho que eso pueda haber sucedido acá” dijo Iturralde.
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Foto: Presidencia
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