Diputados del Frente Amplio negocian cambios a ley de partidos políticos, abren la puerta a propuestas de otros sectores y se fijan como fecha tope el 20 de diciembre para la aprobación del proyecto
Lograr la aprobación del proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos es uno de los objetivos principales del Frente Amplio (FA) para estas últimas semanas del año.
Algunas de sus disposiciones principales (como la rendición de cuentas de ingresos a los partidos políticos en año electoral) deberían regir desde el 1º de enero de 2019; por eso, la urgencia en lograr su aprobación.
Después de la media sanción del Senado -en noviembre del año pasado y sólo con los votos del FA-, la bancada de diputados del gobierno se encontró con una nueva disidencia del diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, que condiciona su voto a la introducción de algunos cambios al texto.
Según supo la producción de En Perspectiva, algunos diputados y senadores del oficialismo mantuvieron reuniones ayer para consensuar algunas modificaciones. Hoy por la tarde continuarán los intercambios mientras sesionan las dos Cámaras del Parlamento.
Por un lado, el Senado sesiona este jueves a raíz de la interpelación del senador Pablo Mieres a la ministra de Industria, Carolina Cosse, por la construcción del Antel Arena. Por otro, la Cámara de Representantes discute los informes sobre la comisión preinvestigadora de Envidio y el rol del diputado del MPP Daniel Placeres en la empresa.
Todas las conversaciones deben llegar a un único puerto: que el proyecto de ley se vote sí o sí en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados prevista para el jueves 20 de diciembre, a pocos días de la Navidad.
Es un hecho que el proyecto recibirá cambios, por lo que regresará al Senado. El viernes 21 de diciembre o entre Navidad y Fin de Año, la Cámara Alta deberá ratificar las enmiendas de los diputados.
“Va a correr mucha agua por abajo del puente”, dijo a la producción de En Perspectiva un integrante de la bancada del FA, que reconoció que el texto es una de las principales prioridades del partido de gobierno para antes del cierre del año.
Una regulación compleja
El proyecto de ley regula el financiamiento de los partidos políticos, pero también otros aspectos, como la publicidad electoral y la pauta estatal durante el período de la campaña.
Son todos temas “complejos” y, en algunos casos, los matices son difíciles de “limar”, reconoció a la producción de En Perspectiva un legislador del FA.
De todos modos, las puertas están abiertas para lograr los mayores acuerdos posibles.
Según publicó ayer el diario El País, el diputado Darío Pérez cuestionó que todos los aportes a los partidos políticos deban realizarse por medio de formas de pago electrónico.
Esta disposición, contenida en el artículo 4 del proyecto, da por tierra con los tradicionales asados, cenas o cócteles, a través de los cuales los comensales pagan un dinero por participar.
“No vas a hacer que esa gente que te compra una porción de asado pase por el banco por 150 o 200 pesos. Mata la frescura de la gente común y corriente que quiere militar. El asado con cuero no se puede hacer más y se terminarían las rifas”, señaló Pérez.
En la bancada del Frente Amplio se maneja la posibilidad de modificar ese artículo para establecer un tope por el cual el aporte puede hacerse en efectivo. De esta manera quedaría subsanada esta objeción de Darío Pérez. De todos modos, no hay acuerdo sobre cuál sería el tope. El monto debe ser bajo para lograr la mayor transparencia posible en cuanto a la procedencia de los dineros que reciben los partidos en las campañas electorales.
Además, se negocia introducir cambios del artículo 15 al 18, donde se establecen los controles a los estados contables de los partidos políticos. Allí se determina que el 1º de agosto siguiente a cada elección departamental y municipal, los partidos políticos deberán presentar ante la Corte Electoral una rendición de cuentas detallada de los ingresos recibidos. La corte podrá realizar auditorías a partir de estas rendiciones.
Pero se es consciente que la Corte Electoral no cuenta con los recursos necesarios como para efectuar estas tareas. Por eso se discute modificar algunas disposiciones, según se reconoció desde el FA y la oposición, en el entendido que el Tribunal de Cuentas de la República pueda realizar esas auditorías.
Otras discusiones
La norma en cuestión marca la prohibición de las donaciones anónimas para las campañas electorales. No se puede realizar aportes en nombre de empresas, y los titulares de las compañías deben figurar con nombre y apellido en la nómina de colaboradores.
También se coloca un tope en la cantidad de dinero que un particular puede volcar al financiamiento de los partidos políticos.
Estos aspectos no son negociables para el FA, aunque podría revisarse el tope establecido para las donaciones que realicen los propios candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia.
De acuerdo con la redacción del artículo 7 del proyecto de ley, los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República pueden aportar a su campaña hasta 400.000 unidades indexadas, equivalente a unos 46.000 dólares.
Algunos legisladores oficialistas y de la oposición entienden que es una cifra muy baja y que, por lo general, la capacidad de aporte de los candidatos es mucho mayor. Se buscará negociar esa cifra en la interna del partido de gobierno y también con la oposición, aunque tampoco se maneja al día de hoy una alternativa.
El proyecto de ley está abierto, pero los días pasan y la meta es aprobar el articulado antes de que termine el año.
