Lavalleja vivió una situación compleja de inseguridad en los meses pasados que llevó a la intendenta a pedir una intervención de los militares en trabajo policial. ¿Cómo está la situación en el departamento tras ese llamado de atención?
EN PERSPECTIVA
Martes 12.06.2018, hora 8.36
EMILIANO COTELO (EC) —En los últimos meses la ciudad de Minas fue apareciendo como otro escenario de enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. Esa situación llevó a que a comienzos de mayo la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, pidiera la presencia allí de un contingente de las Fuerzas Armadas.
La doctora Peña integra la nómina de los intendentes, de todos los partidos políticos, que han venido reclamándole al gobierno medidas a raíz de situaciones de inseguridad locales. Peña, además, adhirió públicamente a la campaña de recolección de firmas para plebiscitar una reforma constitucional que implemente varios cambios vinculados al combate al delito que impulsa Jorge Larrañaga. Ese gesto político la acercó nuevamente al líder de Alianza Nacional (AN), sector del que se había distanciado en 2017.
¿Qué ha pasado a lo largo de estos 30 días? ¿Cómo están las cosas en Minas?
Vamos a charlarlo con la intendenta de Lavalleja.
Yo decía que hace poco más de un mes que usted salió a los medios reclamando la presencia de militares en el patrullaje de las calles de la ciudad de Minas. ¿Cómo fue la reacción del gobierno? Era de esperarse que la respuesta fuera negativa, se sabe que el Poder Ejecutivo no está en esa línea. Pero ¿concretamente qué pasó? ¿Qué intercambio hubo?
ADRIANA PEÑA (AP) —Nosotros lo que pedíamos desesperadamente era que alguien interviniera y se pusiera los pantalones, como dije textualmente, que alguien tome cartas en el asunto de la violencia nacional. En Minas especialmente porque dos bandas de narcotraficantes estaban matándose entre ellos, disputando vaya a saber qué, pero matándose entre ellos y matando jóvenes. El gatillo disparador de nuestras declaraciones en un lugar muy especial, que es el cementerio del este de nuestra ciudad, fue la muerte de Nicolás en el Kinko, el supermercado de Montevideo. Un chico estudioso y trabajador, una víctima más de esta violencia que tenemos hoy en el Uruguay. Y en Minas especialmente porque veíamos que esto era una escalada de muertes que gracias a Dios se paró, y eso es muy importante.
EC —Mi pregunta apuntaba a saber qué respuesta tuvo del gobierno.
AP —La respuesta del gobierno es lo que hicieron. La Metropolitana estuvo por períodos, porque indudablemente no es infinita, sino finita, y cada vez que hay algún problema de este tipo se van a Salto, a San Carlos, al Chuy. El Chuy ahora tiene también la policía militarizada o los militares que custodian la frontera por una decisión de Presidencia que se hizo realidad en una ley que se votó por mayoría en dos minutos y medio. O sea que lo que hubo fue una decisión de intervenir en Minas para tratar de calmas las aguas de la denuncia pública que hicimos.
EC —Usted mencionaba el ejemplo del Chuy, donde, ahí sí, por un instrumento legal que se ha construido, terminaría habiendo presencia de Fuerzas Armadas, por lo menos puntualmente, de acuerdo a lo que el marco normativo autoriza. Pero en el caso del planteo que usted había hecho, en el caso de Minas, hubo una respuesta por la vía de la Guardia Republicana.
AP —Sí, y hubo una cantidad de intervenciones, hubo allanamientos, hubo una movilidad muy fuerte de policía, que logró una paz esperemos que definitiva, pero temporaria.
