Desde la audiencia, se cuestiona el comentario de la Dra. Adriana Marrero respecto a la ocupación de liceos por el sindicato de profesores, efectuado al finalizar La Mesa del lunes pasado.
Escuché con atención la sección de Telegramas de La Mesa emitida el día lunes 16 del corriente. En dicha sección, la Dra. Adriana Marrero –cuyos libros tuve el placer de leer cuando estudiante– realizó una serie de consideraciones respecto de las ocupaciones de liceos por parte del sindicato de profesores. Más allá de las notorias diferencias de criterio que podamos mantener, entiendo que cuando se elaboran juicios basados en información incorrecta, y cuando esos juicios se difunden mediante el privilegiado espacio de la comunicación radial, estamos ante un problema serio que involucra algunas aristas relativas al concepto de responsabilidad.
En primer lugar, la Dra. Marrero afirmó que había liceos ocupados. El uso del plural es desacertado, ya que el día lunes, el único liceo ocupado era el N° 50, en el barrio Casabó. Este error podría explicarse por una lectura apresurada de las noticias, en tanto en numerosos medios de prensa se informó que al día siguiente se ocuparía el Liceo N° 72 del Cerro, aunque se aclaró también que dicha ocupación estaba supeditada a una reunión que tuvo lugar el lunes y en la que –finalmente– se aplazó la realización de la medida. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es: el singular refiere necesariamente a uno, el plural puede referir a dos, pero también a 20.
En segundo lugar, la Dra. Marrero fundó su sorpresa y su rechazo, sobre el supuesto hecho de que el sindicato docente hubiera tomado esta resolución como primera medida, antes incluso de sentarse a conversar. Esto también es incorrecto, lo cual puede fácilmente verificarse en los comunicados a la opinión pública que difundieran los docentes de los liceos Nos. 50 y 72, y que se publican en el sitio web de Ades Montevideo. En ambos casos, los núcleos sindicales de estos liceos intentaron infructuosamente generar un espacio de diálogo y negociación, sin obtener respuesta alguna de las autoridades. Estas respuestas –por otra parte, insuficientes– sólo llegaron cuando se amenazó con ocupar los centros, o incluso luego de que la medida fuera llevada adelante. Es importante notar que las reivindicaciones de estos docentes no apuntan más que a garantizar condiciones mínimas de aprendizaje, sobre cuya importancia, seguramente, estemos todos de acuerdo: la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios para atender la difícil realidad del estudiantado de estos barrios, la necesidad de que los techos del liceo no se lluevan, la necesidad –es irrisoria su sola formulación– de que la biblioteca liceal cuente con un bibliotecario. La Dra. Marrero calificó la ocupación como una violación al derecho a la educación. Cabría preguntarse, a continuación, si puede ejercerse tal derecho en estas condiciones.
Es claro que un ciudadano cualquiera no tiene por qué relevar con minuciosidad los fundamentos en los que se basan sus opiniones. Sin embargo, es también claro que cuando se ejerce un gran poder, como es el de difundir entre una vasta audiencia un conjunto de consideraciones, fundarlas en información veraz constituye una obligación ineludible, máxime cuando se trata de información de público conocimiento, y cuando se ostenta –como es el caso de la Dra. Marrero– una formación académica e intelectual de destaque. Este error, no obstante su tenor, puede ser fácilmente subsanado con una brevísima aclaración pública; aclaración que, sin lugar a dudas y en honor a la verdad, la Dra. Marrero estará dispuesta a realizar, y usted a conceder.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para extenderle mis más respetuosos saludos, y para felicitarlo por la calidad periodística de su programa.
Prof. Sebastián Peralta
Vía correo electrónico
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