Entrevista con el senador nacionalista Álvaro Delgado.
EN PERSPECTIVA
Martes 20.03.2018, hora 8.20
EMILIANO COTELO (EC) —El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, elevó ayer a la jueza de Crimen Organizado de primer turno, Beatriz Larrieu, el pedido de procesamiento sin prisión de varios exjerarcas de Ancap por presuntos delitos cometidos en la gestión de esa empresa pública entre los años 2010 y 2015.
Concretamente, Pacheco pidió el procesamiento de Raúl Sendic, expresidente de Ancap y luego vicepresidente de la República, por reiterados delitos de peculado en su uso de las tarjetas corporativas de Ancap y por dos delitos de abuso de funciones vinculados al contrato de Ancap con Trafigura, por la intermediación en los negocios con Petroecuador y por la relación de Exor con Ancap en la intermediación con Pdvsa para cancelar de manera anticipada la deuda con esa petrolera venezolana.
Por estas actuaciones vinculadas con Trafigura y Exor, también solicita el procesamiento del exvicepresidente de Ancap Germán Riet y del exdirector Juan Gómez, ambos frenteamplistas, por dos delitos de abuso de funciones. A Juan Justo Amaro, que fue director en representación del Partido Colorado (PC), lo considera prima facie responsable de un delito de abuso de funciones por el contrato entre el ente y Trafigura. Y para José Coya, que ocupó el lugar de Sendic en la presidencia de Ancap, Pacheco pide el procesamiento por un delito de abuso de funciones en relación con el vínculo entre Ancap y Exor.
Además el fiscal solicita el procesamiento de funcionarios jerárquicos de Ancap. El gerente de la División Pórtland de Ancap, Juan Luis Romero, por un delito de abuso de funciones vinculado a los contratos para la producción y transporte de cal de la subsidiaria Cementos del Plata; el del gerente de Alcoholes del Uruguay (ALUR), Manuel González, por estafa en la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú, a cargo de la constructora Teyma; el del jefe de mantenimiento de la División Marítima, Eduardo Goldsztejn, y el jefe de Operaciones marítimas, Ricardo Lemes, por irregularidades en el contrato entre la Armada Nacional y Ancap para la construcción del remolcador Ky Chororo.
Vamos a dialogar con el senador Álvaro Delgado, del Partido Nacional (PN), que fue quien solicitó la comisión investigadora que actuó en la Cámara Alta a propósito de Ancap en el período 2010-2015.
¿Qué conclusiones sacó luego de leer la vista fiscal?
ÁLVARO DELGADO (AD) —Es un jalón importante. El fiscal de Crimen Organizado tomó la decisión que tomó sobre nueve personas, actuales jerarcas o actuales funcionarios de Ancap, exjerarcas de Ancap y de ALUR, nos parece que es importante. Obviamente vamos a manejarnos con mucha cautela porque esta es una etapa y ahora hay que esperar el pronunciamiento definitivo de la jueza Beatriz Larrieu, de Crimen Organizado. Esto es una solicitud fiscal que involucra a nueve personas en delitos de abuso de funciones, estafa y peculado en diferentes situaciones, y además anuncia que la investigación va a continuar, incluso se va a diferir la conclusión sobre otras personas.
Esto tiene un origen allá por mayo de 2015, cuando en una reunión con el senador Lacalle Pou él propone crear una comisión investigadora por el tema Ancap, lo que […] la gestión de Ancap. En la bancada del PN se resuelve impulsar una comisión investigadora, me designan miembro denunciante, hicimos la solicitud de una investigadora, el Senado la votó –fue la primera comisión investigadora que el Frente Amplio (FA) votó contra su propio gobierno–, tuvo cuatro meses y medio de trabajo muy intenso, ya que entramos con seis capítulos y terminamos con cerca de 16.
En aquel momento, en febrero de 2016, cuando se trató en la Cámara de Senadores, dijimos que había temas de errores y horrores de gestión, que había temas de irregularidades, que había algunos temas, seis capítulos, en que el PN había definido con los abogados que podía haber la presunción –obviamente no la constatación– de algún tipo de implicancia penal, y en abril de 2016 se hizo la denuncia ante Crimen Organizado de seis capítulos y 20.000 folios respaldantes de prueba. Lo hicieron el PN, el PC, el Partido Independiente (PI) y Unidad Popular (UP). Dos años después el fiscal toma esta resolución.
