En entrevista con En Perspectiva la magíster en Informática Lorena Etcheverry y la abogada María Luisa Tosi detallaron los argumentos detrás de las críticas que se realizaron en los últimos días al acuerdo entre ANEP, el Plan Ceibal y Google. Hicieron hincapié en la responsabilidad del Estado en establecer políticas y en la falta de protección que tendrán los usuarios.
EN PERSPECTIVA
Jueves 11 de junio, hora 8.00.
EMILIANO COTELO:
El acuerdo entre Google, el Plan Ceibal y la ANEP que pone a disposición de profesores, maestros y alumnos un paquete de aplicaciones útiles para el trabajo en clase ha generado en estos días una polémica muy intensa en nuestro país.
La semana pasada un grupo de docentes, investigadores y profesionales dedicados a la educación y la tecnología publicaron una carta en la que expresan su preocupación porque no se conocen los términos de ese acuerdo entre la multinacional y el Estado uruguayo. Principalmente, los preocupa el uso que pueda hacer Google de los datos de los estudiantes y maestros que adhieran a su paquete de herramientas.
Esas inquietudes ya asomaban a fines de mayo, cuando entrevistamos sobre este acuerdo al presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner. Llegamos a conversarlo en estos términos…
(Audio entrevista con Miguel Brechner.)
EC – El Plan Ceibal está permitiendo que los trabajos de los alumnos y los docentes uruguayos sean archivados en los servidores de Google, no se sabe después con qué uso.
MB – Sí, como lamentablemente no se sabe qué uso se le da a la información sobre salud en los servidores de los sistemas de salud, no se sabe qué uso se hace de los datos bancarios de cada uno, de los mails de cada uno. Somos espiados por nosotros mismos y por todos los demás a través de la computadora, nadie puede decir que sí o que no, es uno de los grandes dilemas que se discuten muy poco. Se discute mucho sobre soberanía pero no se discute el aspecto individual, el aspecto personal. A todo el mundo le parece perfecto dejar los archivos en Uruguay o afuera, ¿cuáles son más seguros?, ¿quién da más garantías? ¿Dejamos las fotos en la nube o no? ¿Están seguras en la computadora de uno? ¿Están seguras en el pendrive?
(Fin audio.)
EC – Vale la pena profundizar ahora en los cuestionamientos que han surgido de la Academia. Para eso, hemos invitado a dos de las firmantes de la carta, la ingeniera Lorena Etcheverry, candidata a doctora en Informática por la Universidad de la República y docente grado 3 con dedicación total del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, y la doctora María Luisa Tosi, profesora grado 3 de Informática Jurídica del Instituto de Derecho Informático de la Universidad de la República.
Para empezar, ¿cómo surge este movimiento?, ¿cómo se vinculan entre ustedes?
LORENA ETCHEVERRY:
Este movimiento surgió un día después, aproximadamente, de la conferencia de prensa y las declaraciones oficiales acerca de este acuerdo, el anuncio. En ese momento algunas personas comenzaron, a través de las redes sociales, del famoso Twitter, a hacer algunas preguntas a Brechner directamente, quien contestó –y es parte de lo recabamos en la carta– que no sabía qué iba a hacer Google con esos datos.
Eso fue una señal de alarma bastante importante y decidimos comenzar a trabajar en un documento. Al principis éramos tres o cuatro personas que lo empezamos a elaborar, y luego se sumaron muchas organizaciones, muchos investigadores a colaborar. Básicamente es eso.
EC – Y no todos ustedes se conocían directamente, el vínculo vino a través de ese intercambio electrónico.
LE – Sí.
EC – Repasemos las objeciones que platean en la carta. En primer lugar, advierten que falta información. Plantean que no está claro cuáles son el alcance y las condiciones que incluye el acuerdo. ¿Qué es lo que falta?
MARÍA LUISA TOSI:
La gestión ha sido, en principio, poco transparente. No hay información de cómo se llega a este acuerdo, se sostienen condiciones del negocio que a nuestro entender serían falencias. Por ejemplo, que es gratis. Ninguna empresa que negocia con la información trabaja gratis, alguna contraprestación hay. El modelo de negocio de estas empresas lleva a que se resarzan de la inversión mediante el acopio de datos. Ese es el modelo de datos con el que funcionan las empresas que trabajan con información del tipo de Google.
EC – Allí quizás esté la parte medular del planteo. Ustedes ven que en la educación pública se está fomentando, se está favoreciendo la fidelización de los usuarios con una marca, una multinacional, Google, que se ocupa de acopiar datos para después elaborar perfiles personales que luego utiliza para lo que se llama “marketing direccionado”. Esa es la inquietud.
MLT – Esa es una de las inquietudes.
EC – ¿De qué se trata? ¿Qué datos son los que se almacenan en Google?, ¿para qué se utilizan después?
LE – Esa es una de las preocupaciones centrales. En el acuerdo que se está promocionando el Estado uruguayo habilita, y en cierta forma promueve –pese a que se dice que es opcional–, que los estudiantes y los docentes, la educación pública y la privada –y quiero hacer hincapié en estudiantes, en muchos casos niños, menores de edad– utilicen estos servicios de almacenamiento de datos, sin explicarles a esos usuarios, a esos niños y padres, los riesgos que implica.
¿Qué información puede subir un niño si le dan acceso a una cuenta de 1 terabyte, como decía el ingeniero Brechner ayer en “No toquen nada”? Cualquier cosa, las fotografías que saca con su teléfono, las fotografías que saca con su computadora, cartas, videos que filma, etcétera. Además de la información de contactos, que normalmente se gestionan y se sincronizan sin que uno tenga mucha idea de cómo funciona eso. O sea, hay información sensible. Y esa información sensible y personal se está propiciando que se almacene en ese servicio. Eso es un hecho, porque el Estado no puede controlar qué es lo que el niño va a hacer. Ahí está parte del problema.
EC – ¿Cuáles son después los usos posibles? ¿Qué ventaja tiene para Google contar con esa información, con ese tipo de materiales subidos, por ejemplo, por niños uruguayos?
LE – Brechner ayer manifestó en la entrevista que Google ha adherido a una política de privacidad y que se ha comprometido explícitamente a no vender esa información, a no hacer análisis de esa información, a no extraer información de perfiles a partir de lo que se almacene. Ahí estamos hablando de confianza, de confiar en una empresa. Una empresa que ya tiene una reputación bastante dañada en muchos lugares del mundo, que en Europa ha tenido bastantes problemas últimamente justamente por constatarse que esos términos a los que se suponía que el usuario se estaba adhiriendo eran violados. Y en Estados Unidos tuvo demandas en particular con respecto al uso de los datos de los estudiantes.
EC – Pero acá hay una novedad, según lo que Brechner ha enfatizado: “Es muy reciente, es de enero de 2015 este documento titulado Privacy Pledge, el compromiso de privacidad estudiantil al que adhieren distintas empresas de Estados Unidos. No se hace publicidad ni tracking, y entre las compañías están Google, Apple y muchas otras, que se comprometen a no utilizar la información de estudiantes”.
MLT – Sí, no se hace… Pero y si se hace, ¿adónde vamos a reclamar? En primer lugar, los niños no son capaces para contratar. Y cuando la información la maneja Primaria es una historia, otra cosa es que los datos salgan del país para ser alojados en servidores que no sabemos en qué país están, bajo qué jurisdicción y qué leyes se les aplican, si están en uno de los adherentes al compromiso de privacidad o en un tercer Estado. Ese tema es fundamental.
Sabemos que si quedan en servidores nacionales bajo la custodia de autoridades nacionales, vamos con una demanda a la Unidad de Protección de Datos de Agesic o a una sede judicial y podemos reclamar los derechos de nuestros hijos. Pero si los dejamos en un servidor que no sabemos dónde está situado, de una multinacional cuyo modelo de negocios es manejar información, generar perfiles y comercializarlos, para mí hay un principio de desconfianza.
Además ese compromiso de privacidad viene generado por políticas estatales muy fuertes de los estados, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, en materia de proteger los derechos de sus ciudadanos. Y acá estamos liberando la información nada menos que de nuestros niños. Además de estarlos fidelizando con una empresa que vende dispositivos y en ciertas aplicaciones uno abre Google Play y se encuentra con que le dice “esta aplicación está desarrollada para Google Chrome”, por ejemplo. Ahí tenemos un problema de fidelización, de hacerles la cabeza a los gurises para compren o les pidan a los padres determinados dispositivos.
EC – Empiezan usando una aplicación y de hecho terminan obligados a utilizar otra de la misma compañía. A eso se refiere.
MLT – Sí, es lo que nos pasa a todos con la diferencia entre Microsoft y el software libre. Todos los usuarios pedimos permanentemente a los desarrolladores que nos den las facilidades con las que aprendimos a trabajar, que son las de Microsoft. Algunos aprendimos antes con el DOS, pero buscamos esas facilidades. ¿Porque son mejores? No; capaz que sí, capaz que no. Porque estamos más habituados a trabajar en ese entorno. Con esto pasa exactamente lo mismo, hay una fidelización del usuario.
EC – María Luisa dijo al pasar que los menores no tienen capacidad para contratar. ¿Cómo juega eso acá?
MLT – Como responsable está Primaria de por medio.
EC – Pero de hecho va a terminar contratando el menor.
MLT – De alguna manera sí.
EC – Si utiliza efectivamente el paquete de aplicaciones de Google que ahora se ofrece, por ejemplo si abre una casilla de Gmail como parte de ese convenio, si decide acceder al espacio de archivo en la nube que queda habilitado, ¿vamos a tener un niño de 6, 7, 8 años contratando?
MLT – Claro. Porque la manifestación del consentimiento cuando se aceptan los términos y condiciones de un servicio es una forma de contratar, implica asumir derechos y obligaciones.
EC – Ahí ustedes aluden a otra pieza de todo este proceso, que es el momento en que se aceptan las condiciones. Tomos hemos pasado por ese trámite utilizando internet, hay un momento en que, para empezar a emplear una aplicación, se despliega una ventana donde figura un contrato, generalmente un contrato larguísimo que la mayor parte de las veces no leemos, porque en definitiva la cosa está planteada en términos de sí o no, o acepto estas condiciones y puedo pasar a utilizar la aplicación o no las acepto y no puedo usarla. Entonces en general la tendencia es a decir sí, a poner el clic correspondiente y seguir adelante. A ustedes las preocupa ese comportamiento en el caso de chicos.
LE – Sí, claro. En particular, cuando comenzamos con la elaboración del documento no teníamos ninguna información acerca de qué era exactamente lo que habían acordado o firmado ANEP y Ceibal con la empresa Google. Existía la posibilidad de que fuera un convenio entre el Estado uruguayo y la empresa Google, de que el Estado uruguayo se hiciera responsable de ese vínculo. Y justamente, con las declaraciones del ingeniero Brechner de ayer quedó claro que no.
EC – Ayer el ingeniero Brechner fue consultado en el programa “No toquen nada” y, a propósito de algunos de estos cuestionamientos, dijo: “Yo entiendo la paranoia de todos con referencia a la seguridad, pero miremos sobre qué tenemos que estar preocupados. No hay un contrato específico entre Google, Plan Ceibal y ANEP, es el mismo que Google hace con cualquier institución educativa: aceptás o no participás”.
LE – Eso es muy grave.
EC – La otra posibilidad es que hubiera existido un acuerdo detallado y especial entre Primaria o Codicen-Google que otorgara mayores garantías o algo por el estilo.
MLT – Hay un montón de posibilidades. Mayores garantías o incluso incluir una cláusula en la que se le prohibiera a Google sacar los datos de Uruguay. Hay varias aristas muy interesantes en los aspectos técnicos de todo este asunto. Si se hubiera habilitado esa posibilidad de tener una negociación quizás habría muchas cosas diferentes para hacer. Pero por lo pronto no hubo una instancia de negociación, fue una propuesta de la empresa aceptada por el Estado como venía. Ese es el resumen.
LE – No es la única empresa que está tratando de llevarse datos nacionales al exterior. Yo tengo conocimiento –en este momento, por razones funcionales, no lo puedo revelar– de que hay otra empresa que también está buscando hacerse de los datos nacionales a otros niveles, me consta.
EC – En esta materia hubo un quiebre hace pocos años con las denuncias del exagente de la NCA de Estados Unidos Edward Snowden. A partir de aquellas filtraciones y de la información que él divulgó se generó todo un debate a propósito del manejo que compañías multinacionales hacen de datos personales y del manejo que determinados gobiernos hacen a su vez de la información que circula por los servidores de esas compañías.
Ustedes hablan de esto en el documento. Porque a partir de aquel debate, de esos procedimientos de vigilancia generalizada en internet, el Estado uruguayo tomó algunas medidas para asegurarse de que por lo menos la Administración Pública utilice recursos informáticos que sean solo locales. ¿Cómo entra esa pieza en este cuadro del análisis?
MLT – Esa pieza entra en el sentido de que si le damos los datos a una multinacional y no establecemos claramente las condiciones, dejan de regir la ley uruguaya y la jurisdicción nacional, nada menos.
EC – ¿Para ustedes todo este tipo de herramientas por ejemplo del Plan Ceibal deberían pasar solo por servidores uruguayos? ¿Ese es el criterio?
MLT – En la medida en que están en juego los datos de los niños, pienso que sí.
EC – Brechner y el Plan Ceibal aclaran: nadie está obligando a nadie a utilizar estas herramientas, es una posibilidad que se abre y que queda disponible.
MLT – Pero si el docente abre un documento de Google, el docente puede abrirlo o no, pero una vez que los datos se incorporan en ese documento de Google generado por el docente, los niños van a estar aportando sus propios datos, porque si no, no pueden trabajar.
LE – Entiendo el argumento de la no obligatoriedad, pero acá se trata de fijar políticas. Todos sabemos que en la sociedad actual existe un amor por la tecnología, un presunto amor por la tecnología. Una idea de que la tecnología es buena per se, de que la tecnología es neutra y de que está bien, es cool y es moderno usar tecnología. Nadie puede desconocer que eso existe. De hecho, cuando las primeras declaraciones acerca de esta noticia era todo alegría para un montón de gente, “¡qué bueno, qué lindo, tener espacio infinito de almacenamiento en la nube!”.
Hay un tema de política, un tema de conciencia y un tema de responsabilidad del Estado acerca de cuáles son las políticas que se fijan y las políticas que se propician. Por más que el ingeniero Brechner y el Ceibal digan que esto no es obligatorio, uno está diciendo “este camino está bien”. Uno es el Estado, uno es responsable de lo que dice.
EC – Ustedes entienden que de hecho hay un aval.
LE – Y sí, claro.
EC – Que hay un impulso, un empujón a que los estudiantes y los docentes empleen estas herramientas.
LE – Exactamente.
MLT – Y hay una carencia de formación de los ciudadanos, una carencia en cuanto al manejo de sus datos. La mayoría de la gente hoy con el celular accede a las redes sociales y no sabe dónde está poniendo sus datos. Que eso lo haga un adulto, en alguna medida es un tema de reflexión y de inmigración digital, porque no ha habido políticas del Estado tendientes a la difusión, o no han sido efectivas, porque las ha habido. Si uno entra en el sitio de Agesic encuentra un montón de precauciones en cuanto al manejo de los datos. Las encuentra, pero las tiene que ir a buscar.
EC – Hoy están en curso una serie de anuncios de Agesic con este tipo de advertencias.
MLT – Recién está empezando a funcionar eso, y no sé si están midiendo la repercusión que tiene a nivel social. Las cosas de Agesic están bien hechas en ese sentido, pero no tienen la llegada que tienen las empresas en cuanto a captar adeptos, no hay un balance entre la difusión de la importancia de la protección de los datos personales con respecto a lo que captan las empresas. Eso genera una situación de indefensión del ciudadano frente al acopio de sus datos. Pero mucho más grave es que en esto se implique a los niños, porque los estamos formando.
EC – Dice el ingeniero Brechner en la entrevista que hicimos aquí en En Perspectiva: “¿Qué es más seguro? ¿Por qué tanta paranoia? Somos espiados por nosotros mismos y por todos los demás a través de la computadora. Nadie puede decir que sí o que no. Se discute mucho sobre soberanía, pero no se discute sobre este aspecto, el aspecto individual, el aspecto personal. ¿Es más seguro dejar los archivos en Uruguay que dejarlos afuera? ¿Cuál es más seguro, un servidor uruguayo o uno de Estados Unidos? ¿Quién da más garantías? ¿Están seguras las informaciones en la laptop simplemente? ¿Ahí no se corre un riesgo, el de que se robe la laptop o de que se ingrese a ella de alguna manera secreta y también se obtenga esa información?”.
MLT – Me encanta que se hagan estas preguntas y me encantaría que se hablara y se debatiera sobre ellas. Lo que no me convence es el argumento de la cosa juzgada. Como está todo mal, como estamos todos vulnerables, como no hay garantías de nada en ningún lado, todo da lo mismo. Ese un razonamiento que no conduce a nada bueno.
EC – ¿No podría ocurrir que fuera más seguro un servidor en Estados Unidos que un servidor acá en Uruguay?
MLT – Primero tenemos que definir qué es seguridad, de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad. ¿Estamos hablando de hackers, de estados accediendo a datos? En el documento nos centramos en el aspecto de privacidad de los datos y privacidad de la información. Decimos que el Estado uruguayo ya ha tomado medidas, está protegiendo parte de la información generada por el gobierno, y por algo es.
Esto no es paranoia, y si es paranoia es paranoia del Estado también y es paranoia de la Comunidad Europea y de muchas organizaciones del mundo que están poniendo señales de alerta. Porque está claro y es evidente, el 1.º de junio cayó la Patriot Act en Estados Unidos, pero hay un programa de vigilancia masiva de los datos. Eso es un hecho, no es paranoia, es realidad.
Entonces, como Estado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decidir ignorar esa información y seguir hablando de personas paranoicas o vamos a tomar resguardos?
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EC – Según han sostenido el propio Plan Ceibal, el Codicen y el ingeniero Brechner en especial, este acuerdo permite que los alumnos y los docentes uruguayos accedan a las herramientas de trabajo colaborativo de Google, a las aplicaciones vinculadas a la educación, al correo electrónico sin límite de espacio y sin publicidad y a servicios de almacenamiento en la nube sin límite de espacio. Todo esto gratuitamente. Allí están las ventajas, sobre todo teniendo en cuenta que las laptops que entrega el Plan Ceibal tienen unos 16 gigas de almacenamiento, y para muchos de los usos que se pretende que tengan eso no alcanza. ¿Qué dicen ustedes?
LE – Como buena ingeniera, antes de hablar de un problema me gusta tener bien claro cuál es ese problema que se quiere resolver. Parecería que el problema que se quiere resolver o que se quiere atacar es brindar una plataforma de comunicaciones, una plataforma de ambiente colaborativo y de almacenamiento, almacenamiento disponible 24/7 a nivel mundial. Si el único producto capaz de cumplir con estos requerimientos es el producto de Google, tengo que asumir que alguien hizo un análisis de cuál es el problema que se quiere resolver y que esa es la única solución. Tengo que partir de esa base.
Entonces la primera pregunta –y una pregunta que estamos haciendo vía un pedido de acceso a la información a través de ANEP– es cuáles son los requerimientos, cuál es el problema que se quiere resolver y cuál es el sustento pedagógico y educacional atrás de esto.
La segunda pregunta es por qué estos requerimientos exactamente y por qué en particular el requerimiento del espacio infinito. Ahí yo tengo argumentos –aunque para muchas personas puedan sonar retrógrados– hasta desde el punto de vista de la conciencia y de la ecología. Los recursos no son infinitos. ¿Por qué fomentar esa ilusión del recurso infinito? ¿No sería más interesante fomentar el cuidado del recurso, decir “usted tiene esta cuota y tiene que aprender a administrarla, tiene que saber que este espacio es su espacio y tiene que decidir y seleccionar qué guarda y qué no guarda”?
Hay un montón de aristas en este tema para discutir con respecto a eso. Lo primero es cuál es el problema que se quiere resolver y cuáles son las justificaciones pedagógicas y educativas atrás de optar por una plataforma de este tipo.
MLT – Además de eso, a mí me interesa mucho el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica está dada fundamentalmente por la autodeterminación de los usuarios. Los usuarios menores de edad no pueden autodeterminarse, no están en condiciones de elegir, es el Consejo de Educación Primaria el que tiene que elegir por ellos. Y en esa instancia de elegir dónde están los servidores, todos sabemos que la última ratio de los conflictos es el derecho, y que la forma más cómoda, más práctica y más eficiente de hacer efectivos nuestros derechos es ir a las autoridades nacionales y a las leyes nacionales.
¿Para qué buscarnos problemas en el exterior cuando el Uruguay tecnológicamente está capacitado y las memorias hoy por hoy no son tan caras ni tan inaccesibles –los técnicos nos avalan–? ¿Para qué ir a invocar legislación extranjera cuando podemos generando espacios para guardar esa información y desarrollar esas herramientas en el ámbito nacional, dando trabajo a los técnicos nacionales? Hay que aprender también, los niños no tienen que ser consumistas al máximo, tienen que ser cuidadosos de los recursos.
EC – ¿Ese es el planteo: que se desarrolle en Uruguay este tipo de herramientas, que no se ofrezcan las que Google pone a disposición?
LE – Podemos entrar al tema de los costos y de la adquisición. Estamos hablando según el argumento falso de que esta solución y esta elección no tienen costos para el país. Pero se está haciendo una compra directa de un servicio.
EC – De nuevo, la argumentación del Plan Ceibal y del Codicen va por el lado de “acá nadie está obligando a nadie a utilizar estas herramientas, se las está poniendo a disposición”. ¿Eso es una compra directa?
LE – Exacto.
EC – Se puede discutir.
LE – Por lo pronto es publicidad.
MLT – Puede haber alguna otra empresa interesada en proveer el servicio. Por lo menos habría que haber hecho una licitación. Esto es un tema de licitación pública de altísimos costos, no se puede sostener que es gratis. Hay un intercambio de prestaciones ahí.
LE – Para entender el tema de los costos hay que entender cómo funciona internet. Internet es una red de redes –en algún momento se la conocía con ese nombre–, son grandes redes conectadas entre sí. Los servicios que conectan esas redes entre sí, que se llaman normalmente “carriers”, son carriers internacionales a cargo de un contado número de empresas, menos de 10; ITT es una de ellas.
Esos carriers internacionales cobran por el tráfico a través de su infraestructura. Uruguay, y muchos países chicos que se podrían pensar como periféricos a esa red de redes, son como las hojas del árbol, son las puntas de esa red de redes. Entonces Uruguay, y en particular Antel, que es el proveedor de servicios de conectividad de nuestro país, paga a esos carriers cada vez que tiene que hacer tráfico internacional.
En los últimos años, muchas personas usan internet, y para consumir contenidos pesados en cuanto a la cantidad de información que circula, no es solo texto, no es solo mirar páginas web.
EC – Sí, es lo más común del mundo compartir fotos y videos, por ejemplo. Ahí ya empezamos a manejar materiales pesados.
LE – Exacto. O utilizar servicios como Netflix o mirar videos en YouTube, etcétera. Eso genera un montón de tráfico de contenidos que están fuera del territorio uruguayo. Por tanto, por un tema de la distancia física a la que están –tenemos 10.000 kilómetros de fibra hasta Miami–, traer esos datos tiene un costo muy grande para el país. Por eso Antel en los últimos años ha decidido darles a muchas de esas empresas servicios de almacenamiento en sus datacenters para que esos contenidos estén disponibles más cerca físicamente de las personas y así abaratar costos de tráfico internacional.
EC – Por ejemplo, Netflix tiene servicios de almacenamiento en Uruguay y eso es gratuito para Netflix, porque a Antel le sirve.
LE – A Antel le sale más barato. La cuenta a Antel es: si lo tengo acá me sale más barato que tener ese tráfico a través de la conexión internacional, que me sale muy caro.
EC – ¿Cómo entra esa información en el contexto de lo que estamos analizando ahora?
LE – El ingeniero Brechner ayer hablaba de unos 700.000 potenciales usuarios de este servicio. Hoy en día se estima que en Uruguay alrededor del 40% de la población tiene actividad en internet. Podemos estimar alrededor de un millón y algo de usuarios activos en internet. Por tanto esos 700.000 implica casi duplicar esa cantidad. De un día para otro, opcionalmente o no, estamos generando un montón de nuevos usuarios que van a necesitar ese tráfico a servidores que están fuera del país. Entonces Antel necesariamente va a terminar optando por traer esos datos para adentro, porque le va a salir más económico. Probablemente ya haya acuerdos entre Google y Antel hoy, y eso es dinero que Antel tiene que desembolsar. Y si no estuviera esa opción de alojar localmente, estaríamos generando tráfico internacional, que también es dinero que Antel tiene que desembolsar.
EC – El razonamiento de ustedes termina en que ese dinero se podría utilizar para suministrarle al Plan Ceibal espacio de almacenamiento aquí en Uruguay, por ejemplo en los servidores de Antel.
LE – O alguna otra alternativa. Para hablar de plata, la estimación que hacemos nosotros, en base a lo que Antel hoy le cobra a la Universidad de la República por el acceso a internet, es que estaría en el orden de decenas de millones de dólares. Nadie puede salir a decir que eso es gratis. Y eso lo vamos a pagar entre todos.
EC – ¿Decenas de millones de dólares por año?
LE – Sí.
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EC – ¿Cómo sigue esta historia entonces?
MLT – Tan retrógrados somos que tenemos uno de los sistemas jurídicos más avanzados, que ha recibido el reconocimiento de la Comunidad Europea. Y en materia de protección de datos personales tenemos una ley que es solvente, que se aplica, y tenemos un juego con el acceso a la información pública que nos lleva a tener un ordenamiento jurídico de nivel considerable como país, en condiciones de traficar datos a nivel de la Comunidad Europea, que es importantísimo. Tenemos una justicia disponible a la mano; ¿para qué ir a buscar la legislación internacional? ¿Para qué exponer los datos de nuestros niños a que sean comercializados en otras jurisdicciones sin enterarnos de qué pasa? Tenemos una Agesic que viene trabajando estos temas. Nos falta un poquito de educación en materia de manejo de datos y de claves. Tenemos la libertad de usar Gmail o Hotmail, pero tenemos que priorizar los desarrollos y el trabajo nacional. Esa debería ser la base. Y además usar siempre la licitación pública cuando hay gastos del Estado.
EC – El tema queda absolutamente abierto, quizás lo que convenga ahora es pasar a un debate, a alguna forma de mesa redonda en la que discutan las dos partes. Ya hemos tenido en entrevistas individuales las razones de unos y de otros.
En el muro de En Perspectiva en Facebook está corriendo un foro donde los oyentes están dando su opinión, y están los documentos disponibles.
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Transcripción: María Lila Ltaif
