Editorial

Donación de órganos en Uruguay

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

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La muerte de un niño de dos años que esperaba un corazón para ser transplantado y tener la oportunidad de seguir viviendo ha sacudido a Uruguay. Es una situación triste, dramática como pocas, y con toda lógica el caso instaló el tema de la donación de órganos en la agenda pública.

Se disparan muchas preguntas ante una situación como esta, para quienes somos padres, para quienes esperan serlo, para los padres que tienen a sus hijos enfermos, para aquellos que han tenido la desgracia de perderlos, y por supuesto, para cualquier persona sensible e interesada en el bien común.

La primera que podemos hacernos desde aquí es si la donación de órganos no debería ser objeto de una campaña continua de concientización, mucho más fuerte que la comunicación que existe actualmente sobre una cuestión tan sensible y delicada. Este es uno de esos asuntos que atañen a toda la sociedad y del cual rara vez somos conscientes, hasta que nos toca de cerca.

Sin embargo, la realidad es que a cualquiera de nosotros nos puede pasar de encontrarnos en la posición de tener que esperar una donación de órganos, o de tener que resolver sobre una donación de órganos.

En Uruguay existe una ley, la 18.968 de setiembre de 2012, que zanjó algunas situaciones puntuales relacionadas con la donación de órganos y tejidos. Vale la pena repasar las que están, por decirlo así, solucionadas, para detenernos luego en las que por estos días generan cuestionamientos, dudas, interrogantes.

En nuestro país cualquier persona adulta en uso de sus facultades es potencialmente donante de órganos y tejidos en caso de muerte, a menos que haya dejado constancia de lo contrario. En el caso de los menores cuya muerte involucra a posteriori una pericia forense, se los asimila a los adultos.

El problema se plantea con la muerte de menores de edad o personas “incapaces” según establece la ley, porque la autorización para que se produzca una donación debe ser expresamente otorgada por sus padres o representantes legales al momento de la muerte. Es decir, en el momento en el que quienes quieren a ese niño, adolescente o persona incapaz, se encuentran en un estado profundo de tristeza, cuando no de shock.

Se presenta aquí una disyuntiva evidente, que por estos días, a raíz del caso que mencionaba al principio, ha dado lugar a un principio de debate: ¿es justo el sistema con aquellos niños cuya vida depende de recibir un órgano? Existe un sinfín de condicionantes para un transplante: desde las condiciones de la muerte del potencial donante, hasta su estado de salud general que condiciona lógicamente la decisión médica de considerarlo como tal, pasando por la compatibilidad de donador y receptor, e incluso el tamaño de un órgano en el caso de niños pequeños. Y esto por mencionar una parte de este entramado complejo.

¿Es lógico que se añada a esta dura ecuación la decisión de un padre en estado profundo de tristeza y dolor? A su vez, ¿es conveniente establecer un sistema en el que de antemano todos, sin distinción de edades, somos donantes a menos que se exprese lo contrario? No cabe duda de que es difícil ponerse en la situación de que el sistema imponga la ablación de órganos en el caso de un niño.

Es duro, pero como sociedad debemos discutir este tema desde la perspectiva de la solidaridad que supone el ser donante de órganos.

No hay una respuesta única a esta cuestión, ni una solución ideal. Pero existe la posibilidad de discutir el mejor sistema en un debate que involucre a todos los actores posibles: las asociaciones de transplantados, los familiares de quienes esperan un transplante, en especial cuando se trata de niños, las organizaciones de la sociedad civil que abordan este tema de manera sistemática, el Instituto Nacional de Donación, y el sistema político.

Desde el sector médico, especialistas consultados establecen que muchas veces falla la comunicación entre los centros asistenciales y el instituto que coordina los operativos para un transplante, y la eficiencia del mecanismo queda cuestionada.

La ley actual en tanto, es garantista del derecho de quienes pueden potencialmente ser donantes. Sin embargo, por esta misma razón, le da menos garantías a quienes están en la posición de receptores. No por eso es un sistema que no funcione. Pero podría funcionar mejor, y el cómo es lo que se necesita discutir: cómo mejorar este sistema en la práctica en todo lo que se pueda, y en la ley, en todo lo que se pueda.

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 22.11.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.