Entrevista con el contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
EN PERSPECTIVA
Martes 14.11.2017, hora 08.20
EMILIANO COTELO (EC) —Después de varios meses de anuncios y trascendidos, el Poder Ejecutivo y UPM terminaron la primera fase de negociaciones para la posible instalación de la tercera planta de celulosa que tendría nuestro país.
El martes pasado, en la Torre Ejecutiva, las dos partes firmaron lo que se presenta en la carpeta como contrato ROU-UPM, en el que se definen condiciones y plazos que ambas partes deberían cumplir antes de que se concrete la decisión de la compañía finlandesa sobre su inversión.
La firma de este acuerdo ha generado polémica, ha provocado varias inquietudes. ¿Qué compromisos adquirió el gobierno? ¿Qué sucede si, pese a la realización de las obras de infraestructura, finalmente UPM decide no realizar su inversión?
Sobre varios de estos puntos vamos a conversar con el contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien coordina las tratativas con UPM.
¿Cómo define este documento que se firmó el martes pasado?
ÁLVARO GARCÍA (AG) —Es un documento que llevó un año y cinco meses de elaboración –el contenido, un año, y el documento en sí mismo, unos cinco meses–, que tiene como corolario el abrir las puertas a un camino más certero para que efectivamente se pueda instalar una tercera planta de celulosa en nuestro país, en el centro del país, y que tiene un buen resultado para el Estado uruguayo en materia de largo plazo.
EC —¿Es un contrato de inversión?, ¿es un memorándum de entendimiento? Esta es una parte del debate, cómo clasificar a este documento.
AG —Es un contrato, es un acuerdo de partes que establece determinadas condicionantes, que recorren un determinado camino, que puede terminar con la construcción de la planta de celulosa o no. Que la empresa tome su decisión final de inversión depende de que se dé el hito.
EC —Entre otras cosas, se lo preguntaba teniendo en cuenta los planteos que ha hecho el doctor Hoenir Sarthou, tanto en una columna en Voces la semana pasada como ayer acá en La Mesa de En Perspectiva. Él decía: “Esto no es un contrato, todo el cúmulo de obligaciones que se compromete a cumplir nuestro Estado no tiene como contrapartida obligaciones de UPM”.
AG —Va a haber un contrato adicional, probablemente, en el caso de que la empresa tome la decisión final de inversión, que basado en este contrato va a completar las obligaciones de cada una de las partes, incluyendo las sanciones y las compensaciones que puedan existir para cada una de las partes una vez tomada la decisión final de inversión de la empresa.
EC —Pero yendo a este documento en particular, tomemos un capítulo, el de las obras de infraestructura. Uruguay se compromete a llevar a cabo el proyecto “Ferrocarril Central”, que va a modernizar el servicio ferroviario entre Paso de los Toros y el puerto de Montevideo, y otras obras de infraestructura, que en total terminarían implicando más de US$ 1.000 millones de inversión del lado del Estado. Entonces muchos se han preguntado cómo puede ser que UPM nos imponga esas obras y ese gasto.
AG —No los impone, el país decide que los va a realizar. De hecho, el ferrocarril central es una decisión que el gobierno ha tomado independientemente de que se construya o no la planta de celulosa. Obviamente, con la intención de que sea funcional a la planta de celulosa y de que pueda ser aprovechado por todos los sectores productivos.
