La fiscal penal Stella Llorente pedirá hoy ante la Justicia que se vuelva a indagar los vínculos entre el Movimiento de Participación Popular y las llamadas “superbandas” que cometieron asaltos a bancos, cobradores y locales de pago en la década de 1990.
El pedido de la fiscal se basa en la entrevista del diario El País a Eduardo Vica Font, ex jefe del Departamento de Hurtos y Rapiñas de la Policía entre 1998 y 2000. En ese reportaje publicado el domingo pasado, Vica Font relató que en 1994 indagaron a la novia de un delincuente colombiano muerto en un tiroteo en una casa de citas. La mujer terminó confesando que la banda de asaltantes llevaba el dinero de los robos a un comité en la calle Ejido, manejado por el tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro. A partir de ese dato, Vica Font continuó investigando e identificó otra banda a cargo del ex tupamaro Luis Alberto Oriol. Según el ex policía este grupo se juntaba en el Bar Pedrín, en el Cerro, a repartir el botín y planificar otros asaltos. Agregó que a algunos de esos encuentros concurrían Fernández Huidobro y José Mujica, de acuerdo al testimonio que algunos detenidos realizaron ante la Policía pero no repetieron en la justicia. Vica Font, sostuvo que el año 2000 una “alta autoridad del Gobierno” colorado le pidió parar con la indagatoria que estaba preparando para determinar el destino del botín obtenido en aquellos asaltos.
Según El Observador, la fiscal Llorente consideró estas declaraciones como un hecho novedoso que cambió su postura con respecto a la causa. Recordemos que en mayo pasado Llorente redactó un informe, a pedido del fiscal de Corte Jorge Díaz, a partir de las revelaciones incluidas en el libro “Huidobro sin Remordimientos”, de la periodista María Urruzola. En ese documento, Llorente concluye que de los expedientes que se formaron en su momento para investigar los robos, “no emerge la posible vinculación de los partícipes con ningún sector o dirigente político”.
Fuentes cercanas al caso dijeron a En Perspectiva que a partir del pedido de Llorente se estudiará si los dirigentes políticos participaron en la planificación de los robos cometidos, con el fin de obtener financiación para su partido. Según señalaron las fuentes, si esa “hipótesis” se corrobora, los dirigentes pueden ser imputados como coautores de delitos de hurto, rapiña, o copamiento. De todas formas, las fuentes aseguraron que se deberá estudiar si los ilícitos prescribieron en función de las fechas en que fueron cometidos y si fueron o no calificados con agravantes.
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Crédito Foto: Parlamento de la República
