Entrevista con Jorge Rodríguez, director de Planificación de la Intendencia de Montevideo.
EN PERSPECTIVA
Martes 04.04.2017, hora 7.52
EMILIANO COTELO (EC) —El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dejó sin efecto la compra de un inmueble por US$ 1.490.000 dólares en la calle José María Penco a unos oferentes que, según se supo, lo habían adquirido a la mitad de ese precio dos días antes de que se abriera el llamado.
El edificio iba a estar destinado a la instalación de los servicios de Señales Luminosas y Áreas Verdes y de la administración y los laboratorios del Servicio de Regulación Alimentaria.
El caso comenzó a discutirse en estos días, cuando el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) determinó que la licitación se adecuó a las normas vigentes, pero de todos modos planteó varias consideraciones sobre cómo habían ocurrido las cosas antes de la adjudicación.
Un edil de la oposición, del Partido Nacional (PN), tomó el asunto, lo denunció en los medios de comunicación y se produjo la reacción del jefe comunal, que dispuso la creación de una comisión especial para analizar las observaciones y las consideraciones del TCR. Esa comisión se expidió y recomendó dejar sin efecto el procedimiento.
Estamos con Jorge Rodríguez, director de Planificación en la Intendencia de Montevideo (IM).
¿Usted integró esa comisión que nombró el intendente Martínez?
JORGE RODRÍGUEZ (JR) —No la integré, pero trabajé mucho con esa comisión.
EC —¿Bajo su nueva responsabilidad están este tipo de asuntos?
JR —Sí, ahora soy coordinador, y el intendente nos ha pedido que sigamos todos los temas más o menos transversales de importancia que tenga la IM.
EC —Expliquemos cuál es el análisis que se hizo en esa comisión a propósito de este caso que llamó mucho la atención. Había en principio algo raro acá.
JR —Sí. La IM llamó a licitación porque era una necesidad muy sentida la compra que teníamos que hacer para el laboratorio, para Áreas Verdes, para Señales Luminosas, para Tránsito. Y se hizo un procedimiento normal que es un llamado a licitación. Se presentó un solo oferente, el precio de US$ 1.490.000 daba un precio de más o menos US$ 300 el metro cuadrado, y nuestros servicios especializados estimaron que era un precio muy razonable, que estaba bien la adquisición.
La IM tiene que mandar al TCR y a la Junta Departamental para perfeccionar la compra. La mandamos primero al TCR y este opinó que se había actuado en forma legal, conforme a derecho, e hizo dos pequeñas observaciones. Opinó que, sin perjuicio de la legalidad, podía cuestionarse el tema de la buena administración, dado que se había dado ese fenómeno tan raro de que los privados que habían actuado antes que la Intendencia habían comprado y vendido a la mitad de precio. Ante esa realidad, el intendente resolvió iniciar una investigación administrativa en Jurídica, pero además designó una comisión presidida por el secretario general para analizar a fondo esto.
Esa comisión lo primero que hizo fue solicitar nuevas tasaciones. En las últimas horas recibió dos tasaciones, una por un precio superior y por un valor inferior al que íbamos a comprar, de US$ 1.200.000. Enterado el intendente de la variación de precios y de que incluso había tasaciones inferiores, ante las dudas o las inquietudes que podía haber en la ciudadanía sobre la compra que se estaba realizando, pese a la legalidad y pese a que el procedimiento había sido absolutamente transparente y conforme a derecho, le pareció conveniente dejarlo sin efecto y reiniciar el proceso, dado que la compra igual la necesitamos. Se analizará y se comprará nuevamente usando un nuevo procedimiento.
