El abogado de la organización Plenaria Memoria y Justicia, Pablo Ghirardo, se retractó este viernes de lo afirmado tras el desalojo policial de la sede del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen), en setiembre de 2015, cuando acusó en la prensa al Ministerio del Interior de "hechos crueles y humillantes, que son el eje del delito de tortura". Desmentido por el ministro del Interior y denunciado penalmente por difamación, Ghirardo declaró, casi un año y medio después, que no fue su intención difamar a la Policía. Esto debe ser debatido, dice Manuel desde la audiencia.
En setiembre de 2015, un pequeño grupo de activistas ocupó el Codicen. Eran personas que no venían en representación democrática de nadie. Actuaban por su cuenta. Algunos de los ocupantes eran estudiantes, pero otros no. Había gente del Sindicato del Taxi y de Plenaria Memoria y Justicia.
Se sabía que, por decreto del Gobierno de Mujica, están prohibidas las ocupaciones en los locales del Estado. No obstante, ocuparon. El gobierno, con mucha paciencia, esperó varios días para ver si se los podía convencer de que tenían que desocupar. Como esas negociaciones no tuvieron éxito, se tuvo que llamar a la Policía. Las fuerzas del orden vinieron, tuvieron que soportar que se los insultase, que se le arrojara piedras y pesados carteles metálicos.
Terminada la desocupación, estos activistas dijeron que la policía los había tratado mal, que los habían torturado; en resumen, que habían visto violados sus Derechos Humanos. Los activistas dijeron tener pruebas de ese maltrato, pero nunca aparecieron esas pruebas. Por el contrario, el Ministerio del Interior exhibió videos sacados con sus cámaras GoPro, donde se evidencia que no hubo malos tratos. También se evidenció cómo desacataban las órdenes policiales, y –peor aún– un abogado armaba una simulación pretendiendo hacer parecer que él estaba sufriendo violencia.
Frente a tanta calumnia, Bonomi decidió denunciar por difamación a este abogado ante la Justicia. La semana pasada se supo el fallo de esa denuncia. El abogado tuvo que retirar sus dichos y tuvo que pedir disculpas.
Esto que pasó es grave. Debería llamarnos a la reflexión. Es necesario desenmascarar a este tipo de activistas, porque son violentos, no respetan las leyes que la ciudadanía se ha dado para poder convivir y, cuando se los reprime, inventan violaciones a los Derechos Humanos. Sería bueno que esto se debatiera, por ejemplo, en alguna Mesa de En Perspectiva.
Manuel Colombo
Vía correo electrónico
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