Por Emiliano Cotelo ///
Hace poco más de una semana Jorge Orrico presentó renuncia al cargo de presidente del Consejo Directivo del Sodre. No lo hizo por iniciativa propia. La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, le informó al ex diputado que él ya no contaba con la confianza política del sector al que pertenecía, Asamblea Uruguay (AU), liderado por el ministro de Economía, Danilo Astori.
Orrico quedó enfrentado a su grupo a raíz de la situación de quien fuera su secretaria, Graciela Valdivieso, quien, al realizar un trámite ante el Banco de Previsión Social (BPS), vino a enterarse de que le faltaban aportes que debieron haberse efectuado mientras trabajó en el despacho del legislador, por un lapso de casi 20 años.
Se ha hablado mucho de este caso en estos días. A esta altura la mayoría de los actores involucrados ya se expidieron, aunque la fotografía sigue siendo difusa y contradictoria.
Una parte de la discusión se centró en quién era el responsable de realizar esos aportes: si su jefe, Orrico, a quien el Parlamento le asigna un rubro para secretaría; o AU, que centraliza todas las partidas de secretaría de sus legisladores y ejecuta los pagos correspondientes. La propia Valdivieso relató que reclamó por sus aportes en un par de ocasiones hace algunos años cuando se le abonaba en efectivo pero que se quedó “quieta” cuando el pago pasó a hacérsele desde una cuenta en el Banco República. Valdivieso señaló que quien estaba a cargo de esta gestión en buena parte del período era Claudia Hugo, secretaria y pareja de Astori.
El miércoles, en declaraciones a VTV, Hugo reconoció que AU es quien se ocupa de pagar a los secretarios de los legisladores, aclaró que se hace en función de las instrucciones de los parlamentarios, y destacó que en este caso Orrico “no autorizó nunca a pagarle aportes” a Valdivieso porque “ella ya era jubilada cuando ingresó”, optó por cobrar un “viático” y “nunca tuvo interés en aportar al BPS”.
¿Ventilarse o no?
El asunto podría verse como un conflicto “netamente administrativo” y que no debe discutirse a través de los medios de comunicación, como expresó la propia AU a través de un comunicado el martes pasado. Sin embargo, yo creo todo lo contrario.
Primero, porque esta agrupación política tiene una obligación especial por aclarar su comportamiento en estos hechos, en la medida que está encabezada por quienes conducen la economía de país desde hace más de 10 años; no es excusa que AU utilice prácticas que están extendidas en los partidos con representación parlamentaria.
Segundo, porque es bueno enterarse de que, pese a las campañas que los distintos gobiernos han implementado en contra de la economía en negro y a favor de los derechos de los trabajadores, muchos parlamentarios, o sea, personas encargadas de redactar las leyes, se manejan, con frecuencia, en la informalidad a la hora de retribuir a sus secretarios. La situación ha ido mejorando en los últimos años pero Graciela Valdivieso, me consta, no ha sido la única que ha figurado en condiciones irregulares.
Y, tercero, porque toda esa situación, de por sí desprolija, es sólo una faceta de otro problema más profundo que se arrastra en el sistema político uruguayo: el financiamiento retorcido y opaco con el que terminan funcionando los partidos políticos.
¿El Parlamento debe financiar a los partidos políticos?
Para explicar esto último me gustaría que ustedes tuvieran presente cómo se compone la retribución de un legislador. Actualmente el salario nominal es de $ 204.613 por mes. Pero a esa cifra hay que sumarle una serie de partidas. Entre ellas se encuentran: la de secretarios ($ 126.305), los gastos de prensa (entre $ 22.930 y $ 24.560, dependiendo de la cámara) y dinero para telefonía celular ($ 4.627).
En el caso de los miembros de la Cámara de Representantes aparecen algunos complementos más: $ 860 mensuales para correo, $ 1.040 para el uso de fotocopias y $ 802 por concepto de hogar constituido.
Por último, el Poder Legislativo le suministra dinero a las bancadas de los partidos para su operativa. En la Cámara de Representantes se asigna a esos efectos $ 28.186 por cada diputado; y en el Senado el monto varía según el tamaño de la agrupación: las que tienen hasta tres miembros obtienen $ 95.650 por mes y las de cuatro o más integrantes perciben $ 30.444 por cada senador.
Algunos podrán pensar que son números disparatados. Otros, claro, lo contrario. De todas formas, para mí el problema no está tanto en los montos, sino en cómo se pervierte el manejo de esos fondos.
Los parlamentarios han ido ideando estrategias para que estas retribuciones funcionen como mecanismos de financiamiento de los partidos políticos y sus sectores.
Hace un par de semanas, a partir de una nota publicada por el semanario Búsqueda, mencionamos cómo el uso abundante de las licencias suponía al Parlamento un gasto adicional de varios millones de pesos al año para retribuir a los legisladores suplentes. Pero el Palacio Legislativo parece estar lleno de esos “trucos” que, por detrás de la mirada de la opinión pública, desvirtúan el esfuerzo económico que hace la sociedad para tener un sistema parlamentario vigoroso, preparado y a la altura de las necesidades de su pueblo.
Por ejemplo, también es discutible otra de las estrategias empleadas por los partidos para fondearse: la de cobrarle a senadores y diputados un porcentaje de sus sueldos o, en algunos grupos, ponerles un tope al ingreso personal, quedándose con la diferencia entre ese tope y el sueldo líquido.
Y, volviendo al caso de los secretarios, otra observación. Si algo ha quedado claro en el caso Orrico es que la mayoría de las agrupaciones cobra las partidas de secretaría en nombre de los legisladores y con ellas abona a quienes se desempeñan en esa función. Sin embargo, allí hay otra perversión del uso de ese dinero. En algunos casos, los grupos no trasladan íntegramente esos fondos a los secretarios en cuestión, sino que una parte lo emplean también para sostener los presupuesto de esos movimientos partidarios.
Entonces, antes de seguir, pregunto: ¿Es razonable que los partidos vayan haciendo caja con estos pedazos de partidas que el Parlamento fija para otros fines, y que además cada sector lo haga siguiendo criterios propios, más o menos draconianos?
Los pases en comisión
Y agrego, al pasar, que si queremos mirar en general el asunto que estalló esta semana hay por lo menos otro ángulo, del cual se habló poco: además de las partidas de secretaría los legisladores tienen a su disposición el instrumento de los “pases en comisión”, a través del cual cada senador o diputado puede pedir que hasta cinco funcionarios públicos de otras dependencias del Estado se trasladen a cumplir tareas a su servicio. Eso no supone un incremento del gasto para el Parlamento porque esos salarios siguen pagándolos las oficinas de origen de esas personas. Pero eso también suena raro, porque esas reparticiones, por ejemplo la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), pierden por esa vía recursos humanos y tal vez deben salir a reemplazarlos contratando a otros.
A su vez, la utilización de esa herramienta también conoce de tácticas muy diversas. Están los legisladores que realmente fortalecen sus cuadros y solicitan técnicos que son de vital importancia como asesores para su trabajo. Están los que desvían esos pases en comisión a la estructura del partido. Y están quienes los utilizan como moneda de cambio en el toma y daca de los favores políticos, solicitando para su equipo a personas que, así, dejan de trabajar en su oficina de origen pero difícilmente aparecen cerca de la Avenida de las Leyes.
Entonces…
A partir de todo este varieté de vicios y arranques de creatividad que los partidos han ido acumulando, capa sobre capa, para obtener ingresos, y que atraviesan a casi todo el espectro, dejo planeadas tres preguntas más.
1) ¿Quién se encarga de controlar al Parlamento en sus desviaciones, especialmente en aquellas que están, digamos, consensuadas entre las organizaciones políticas?
2) ¿No es necesario, para empezar, un sinceramiento frontal de cara a la ciudadanía sobre el destino real de los recursos del Poder Legislativo, que deberían ser para sustentar el trabajo de los legisladores y no el de los partidos?
3) ¿Cuánto más va a demorarse la discusión a fondo, que está pendiente hace años, sobre el financiamiento de los partidos, tanto en su operativa cotidiana y como en las campañas electorales?
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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 09.09.2016, hora 08.05
