Por Fernando Butazzoni ///
El gremio de los fiscales uruguayos emitió hace unos días un comunicado de antología en el cual, con el pretexto de defender a uno de sus colegas, se argumenta que cualquiera puede equivocarse, se explican las causas de la mala praxis judicial y se da el lujo de rezongar a todos los que opinamos de forma crítica sobre la actuación del fiscal Ricardo Chiecchi en Rivera. El gremio de los fiscales nos rezonga y nos avisa de su malestar.
Con un tufillo corporativo que asusta, el referido grupo (cuyo nombre completo es Asociación de Magistrados Fiscales y Técnicos Profesionales del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay – A.M.F.U) consideró adecuado salir a la palestra para dar su opinión sobre el caso de Chiecchi, quien por otra parte fuera severamente cuestionado por el propio fiscal de Corte, Jorge Díaz.
En lo sustancial, los fiscales dicen en su opúsculo que errar es humano, y que a veces los fiscales se equivocan porque tienen una montaña de expedientes encima del escritorio. Literalmente, ellos explican a modo de justificación del colega caído en desgracia que “el número de decisiones diarias de un Fiscal Departamental o Nacional en ejercicio, puede llegar a varias decenas en un día [sic]”.
Al margen del pleonasmo, el argumento es insostenible. Un chofer de ómnibus debe tomar cientos de importantísimas decisiones cada día, lo mismo que un médico o el operador de una grúa en el puerto. En todos los casos, son decisiones que no admiten error porque puede morir gente. Cuando alguien comete errores en esos ámbitos (y en tantos otros), pues casi seguro que deberá vérselas…con un fiscal.
Por las dudas, los doctores de marras abren el paraguas: “Incidentalmente cabe establecer que las reformas estatutarias en estudio del Parlamento (Instrucciones Generales), si bien podrían mejorar la eficiencia de la tarea fiscal, no son garantía infalible, si las condiciones de trabajo fueran inadecuadas”.
Como cualquiera sabe, eso de las “condiciones de trabajo inadecuadas” tiene varias bibliotecas y ha sido objeto de una sostenida gimnasia sindical durante los últimos años. Habría que preguntarles a quienes integran la AMFU si se refieren a los horarios del trabajo a desarrollar, a la calidad del equipamiento y mobiliario que usufructúan, a la “dignidad edilicia” o tal vez a otra cosa que los del común ignoremos. Y habría que preguntarles qué tan “incidental” es la mención a la prerrogativa del fiscal de Corte respecto a las referidas instrucciones generales que están a estudio del Parlamento.
Finalmente, el comunicado deja una perla del barroco cantinflesco que podría ser graciosa si no mostrara tanto las garras. Se indica que “preocupa al cuerpo de Fiscales la forma inapropiada e irrespetuosa en que se ha tratado al Dr. Ricardo Chiecchi con valoraciones no jurídicas que extralimitan las formas correspondientes”.
Todos dieron por sentado que el texto en cuestión era un tiro por elevación dirigido a Jorge Díaz, o sea al jerarca de quienes forman el susodicho “cuerpo” de fiscales. Sin embargo el fiscal de Corte no aparece mencionado en ninguna parte, ni directa ni indirectamente. Es más: si hay alguien que no está comprendido en el comunicado es justamente el fiscal de Corte, ya que sus críticas y observaciones fueron respetuosas y con valoraciones estrictamente jurídicas.
Por lo cual debe inferirse que los destinatarios del tirón de orejas somos los demás, los de a pie. Todos los que osamos criticar de forma pública y notoria al fiscal de Rivera deberíamos darnos por enterados de que el cuerpo de fiscales está preocupado por nuestros dichos. La verdad es que eso a mí me pone un poco nervioso, sobre todo porque no sé qué medidas puede tomar un cuerpo de fiscales con tal estado de ánimo. Para ser honesto, ni siquiera sé bien qué es “un cuerpo de fiscales”.
Quizá yo haya dicho algo inapropiado al tratar el asunto en alguna entrevista. O tal vez eso haya sido obra de los editorialistas de diarios, los columnistas de semanarios, los corresponsales de algunos medios extranjeros que dieron cuenta del hecho, o los vecinos de Rivera que aparecieron por la tele dando su opinión sobre el caso.
Pues sépanlo todos ustedes, opinadores irrespetuosos, todólogos de diarios y programas de radio, vecinos y vecinas, presentadores y presentadoras de los noticieros, comentaristas y tertulianos de ocasión, foristas de internet, tuiteros y demás: sepan que se atrevieron a incursionar en el tema con valoraciones no jurídicas que extralimitan las formas correspondientes y que el cuerpo de fiscales está preocupado.
Así que todos y todas vamos a poner en remojo las barbas y las bardas, por las dudas. No sea cosa que algún día, por esas vueltas que tiene la vida, debamos enfrentarnos en un juzgado a alguno de los fiscales que, llenos de preocupación, nos han señalado los límites que a su juicio –nunca mejor dicho–deben tener nuestras expresiones.
Cada fiscal debería actuar púbicamente con plena conciencia del enorme poder que detenta. Es un poder legítimo conferido por el Estado, pero se desmerece cuando se utiliza de manera indirecta para dirimir pujas internas, o cuando veladamente se amenaza, con torpeza y espíritu de cuerpo, a una buena parte de la población, aquella que opinó para coincidir con las valoraciones del fiscal de Corte respecto a la actuación del magistrado de Rivera.
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