Por Emiliano Cotelo ///
Dos proyectos de ley: uno del oficialismo y otro de la oposición. Un pedido de comisión investigadora. Una moción para modificar el status de esa comisión para que fuera con fines legislativos. Y una catarata de declaraciones juradas. ¡Uf…!
En estos últimos días asistimos a un espectáculo un poco apabullante de iniciativas y gestos que buscaban dejar en claro que, si bien nuestro país está en la región, no se parece a ella, por lo menos en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Las declaraciones juradas
El puntapié inicial de la andanada estuvo el miércoles 15 y corrió por cuenta de Gonzalo Mujica, un diputado independiente dentro del Frente Amplio (FA), que estaba preocupado por la racha de escándalos de corrupción que estallan sin parar desde hace meses en Brasil, Venezuela y Argentina, y entendía que era necesario llevar tranquilidad en cuanto a que acá las decisiones de gobierno se adoptan estrictamente por razones políticas y no por motivos espurios. Enterado de que el Movimiento de Participación Popular (MPP) trabajaba en un proyecto para reformar la Ley 17.060 que regula las declaraciones juradas de bienes e ingresos de autoridades y funcionarios públicos, este legislador decidió dar a conocer la suya, publicándola en la página web del Parlamento.
Ocurre que de los 45.000 documentos de ese tipo que deben presentarse ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), solo los del presidente y el vicepresidente de la República deben, además, abrirse y divulgarse a través del diario oficial. Con su gesto, Gonzalo Mujica exhortó a sus colegas a que hicieran lo mismo. Y no le fue nada mal.
El martes ya habían seguido su ejemplo los principales líderes de la oposición: Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga del Partido Nacional (PN), Pedro Bordaberry del Partido Colorado (PC) y Pablo Mieres del Partido Independiente (PI). En el oficialismo, fue la bancada del MPP quien recogió el guante, puso en marcha la publicación de las declaraciones de sus miembros e invitó a los parlamentarios de otros grupos del FA a ir por el mismo camino.
Los proyectos de ley
Ese mismo día, martes 21, se conocieron dos proyectos de ley que modifican aspectos de la ley 17.060: uno, que el MPP preparaba desde marzo, según nos dijo la senadora Lucía Topolansky; y el otro resuelto por el Partido Independiente durante el fin de semana a partir de una noticia de prensa. Ambos amplían la lista de jerarcas de gobierno que, estando obligados a realizar declaraciones de bienes e ingresos, deben además hacerlas públicas; concretamente, se propone agregar a ministros, legisladores e intendentes.
A la vez, los dos textos extienden esa obligación a los cónyuges del presidente y el vicepresidente, algo que hoy no está claro. Y en el caso particular de la propuesta del MPP, la obligación también correría para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.
Pero el proyecto del MPP va más allá: establece que deben rendir cuentas de sus bienes e ingresos una serie de personas físicas que manejan fondos públicos pero pertenecen a instituciones u organizaciones privadas, por ejemplo integrantes de órganos directivos y directores o gerentes de mutualistas, de empresas licenciatarias o concesionarias de obras públicas o servicios públicos y también ONGS con contratos con el Estado (una medida que ha generado controversia entre expertos en derecho constitucional).
La investigadora que no fue
Y con todo ese telón de fondo, llegamos a este miércoles 22, cuando el plenario del Senado debatió y finalmente rechazó la propuesta de Pedro Bordaberry de crear una comisión con fines legislativos para analizar la situación de la corrupción en nuestro país.
Su planteo tenía dos facetas. Una, revisar el estado de nuestra legislación y su eventual aggiornamento para cumplir con recomendaciones hechas por la Jutep y con obligaciones internacionales asumidas por Uruguay. Dos, recopilar y examinar la información sobre hechos de corrupción en el plano local, y en particular, los que pudieran derivar de las situaciones que en este momento se presentan en Argentina y Brasil. Con este enfoque Bordaberry condenó al fracaso de antemano su iniciativa.
Solo la acompañaron el PC y el PN, aunque, llamativamente, todos los senadores blancos permanecieron en silencio. Y votaron en contra el FA y el PI, que alegaron que “no se puede investigar cualquier cosa” y que el planteo del senador colorado no incluía la denuncia de hechos concretos”.
Claro, Bordaberry puede rebatir ese argumento recordando que él ha presentado propuestas más que concretas para fortalecer el combate a la corrupción y que no han sido consideradas. Ahí están, desde febrero de 2015, un proyecto de ley de su autoría que penaliza el enriquecimiento ilícito y otro que, entre otras cosas, crea la figura del “Arrepentido”, que ha tenido probada utilidad para avanzar en investigaciones de corrupción en otros países del continente.
El FA, de todos modos, quiso evitar malos entendidos a propósito de su voto negativo. Por eso destacó que en el Parlamento ya están trabajando en al menos un par de comisiones especiales que, con el apoyo de todos los partidos, procuran avanzar en materia de transparencia: una para evaluar los efectos a nivel local de las revelaciones conocidas como Panama Papers y otra para el estudio de reformas al sistema electoral y el financiamiento de los partidos políticos (una vieja asignatura pendiente, reclamada con insistencia por la academia).
La semana después
En fin… Como habrán visto, impresiona la suma de hechos políticos de los últimos días que se han acumulado y que tienen como común denominador la búsqueda de una mayor transparencia en la gestión de gobierno y la prevención de la corrupción.
Eso, nomás, es un dato fuerte que hay que destacar. Nadie puede estar en contra de un sistema político que se propone caminar en esta dirección. Lo que yo, en todo caso, cuestionaría es que en varias de esas movidas se está reaccionando “al golpe del balde” (ante noticias que llegan del exterior o revelaciones de prensa de acá) y que ha habido varios ejemplos de “perfilismo” (o sea, jugadas en las que alguien o un sector busca destacarse y/o dejar a otro en offside).
Ojalá que ahora este caos bien intencionado consiga encauzarse y pasemos sin mucha demora a la concreción de acuerdos que aprovechen las coincidencias que hemos visto, y que son muchas. Después de todo, es un buen momento para hacerlo. Todavía estamos lejos de las próximas elecciones.
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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 24.06.2016, hora 08.05
