Por Fernando Butazzoni ///
Es nefasta la manera que tienen muchos actores del sistema político de utilizar los estrados judiciales para dirimir pleitos que deberían ser resueltos por ellos mismos en sus propios ámbitos. Eso sucede con especial frecuencia en el interior del país. La condena a ocho meses de prisión al intendente de Salto, Andrés Lima, no hace más que remachar el clavo de esa mala costumbre.
El intendente Lima había denunciado en una conferencia de prensa a tres de sus ediles, compañeros además de la Agrupación Humanista Armando Aguirre, por adulterar boletas de viáticos. Una de las denunciadas, la edila Dayana Añasco, contratacó de inmediato y denunció penalmente a Lima por difamación.
La reyerta interna en la agrupación del Frente Amplio a la que pertenece el propio intendente, ahora condenado, tiene un motivo visible: la candidatura a la presidencia del Frente Amplio en ese departamento. El rifirrafe en cuestión cuenta con muchos capítulos de habladurías, zancadillas, idas y venidas, todo lo cual sería farragoso explicar y además roza el pudor de quien escribe.
Más allá de la polémica generada por la sentencia que condenó a Lima, es notorio que las pasiones (las políticas y las otras) inciden de una manera no deseada en la actividad política. En el interior del país esa incidencia es más marcada y sus consecuencias son muy nocivas. En este caso específico, la primera víctima de la situación fue el presupuesto departamental, que no fue votado porque, a la previsible negativa de la oposición a hacerlo, se le sumaron tres ediles del Frente Amplio. Los rebeldes fueron dos de los denunciados (uno de ellos nada menos que Martín Pertusatti, el presidente de la Junta Departamental de Salto) y la edila Graciela Beppo, que es además la madre de Pertusatti. ¿Se entiende?
En el interior es una práctica habitual. No es preciso ir al pasado, en el que había jugarretas de todo tipo y episodios a veces hilarantes, entre ellos una pelea a puñetazos en plena vía pública, y a veces dolorosos y dramáticos, como un recordado suicidio que fue empeñosamente puesto en duda por varios correligionarios del occiso.
En el presente abundan las denuncias, las presentaciones ante la justicia o las amenazas al respecto. El intendente de Río Negro, apenas electo en 2015, anunció denuncias varias contra la administración anterior. Un edil canario anunciaba en febrero pasado que presentaría denuncia penal contra el intendente Yamandú Orsi. También en febrero, la intendencia de Paysandú comunicó su intención de denunciar al anterior intendente, Bertil Bentos. Lo mismo pasó con el ex intendente de Flores, Armando Castaingdebat, quien fue denunciado en siete ocasiones por el también ex intendente Carlos Mazullo. Y así podríamos seguir enumerando denuncias y amagues.
No parece razonable convertir los juzgados en un campo de batalla político. Por más que se argumente acerca de ilícitos o irregularidades, lo más lógico es que en primera instancia esos episodios se diriman en las arenas donde actúan los partidos políticos y sus representantes. Existen comisiones investigadoras, procedimientos administrativos, la discusión y el debate público. Para eso están.
A nadie se le ocurre proponer que la justicia no actúe allí donde debe hacerlo, pero está claro que en no pocas ocasiones la justicia se ve compelida a actuar por denuncias de escaso fundamento y clara intención.
Tampoco se trata de “lavar en casa los trapos sucios”, sino de procesar en el ámbito correspondiente las contiendas que de continuo aparecen entre quienes luchan por imponer sus ideas o por escalar posiciones, o ambas cosas. Lo que no debería hacerse es operar políticamente a través del sistema judicial, porque con ello se desnaturaliza la acción política y se lesiona la administración de justicia.
***
El diario del lunes es el blog de Fernando Butazzoni en EnPerspectiva.net. Como no podía ser de otra manera, actualiza todos los lunes.
