Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
El dirigente nacionalista Carlos Albisu renunció el jueves a su cargo en la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, luego de varios días en la picota por presuntos casos de clientelismo político durante su gestión.
La dimisión trascendió a primeras horas de la tarde del jueves y se confirmó en una rueda de prensa que Albisu convocó especialmente para las 17 horas en su ciudad.
Albisu, que fue candidato a intendente en 2020 y tiene previsto presentarse de nuevo en la próxima elección, empezó su presentación ante los periodistas realizando un resumen de su gestión, afirmó luego que siempre se mantuvo “dentro de la ley” en el desempeño de sus funciones aunque admitió que seguramente cometió errores, motivado, dijo “por las ganas de hacer”.
“En estos años cumplimos con los reclamos históricos y actuamos con responsabilidad. La vocación es hacer cosas para Salto y la región. Seguramente nos hemos equivocado, motivados por las ganas de hacer, pero siempre nos mantuvimos dentro de la ley. Como quiero y estoy orgulloso de este gobierno, ante el uso oportunista de ciertos hechos para atacarlo, es que le presenté mi renuncia al presidente de la República”.
La dimisión de Albisu generó alivio en la mayoría de los parlamentarios blancos; varios de ellos lo habían criticado y otros, que habían permanecido en silencio, no estaban dispuestos a defender su gestión en una interpelación.
Sin embargo, el caso no se agotó allí ya que el Frente Amplio confirmó que sigue adelante con el llamado a sala a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el canciller Francisco Bustillo para que den explicaciones sobre la gestión de la delegación uruguaya en Salto Grande, que está fijado para el 3 de octubre.
¿Qué impacto está teniendo este caso en la interna nacionalista y en el gobierno?
Conversamos En Perspectiva con el senador Jorge Gandini, que además está preparando un proyecto de ley para fortalecer los controles sobre la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.
Destaques de la entrevista:
- "Algunos de nosotros somos críticos públicamente porque nuestra posición en el partido nos obliga muchas veces a pronunciarnos, pero además también lo fuimos, quizás más explícitamente en la interna del partido. Fue una situación muy incómoda para todos nosotros".
- "Esto tiene un primer episodio, que se comenta a nivel parlamentario, que es la del retiro o la jubilación anticipada de un funcionario con 56 años que va a cobrar 700 mil dólares. En el contexto que veníamos discutiendo y acabamos de aprobar la reforma de la Seguridad Social que apareciera eso, la verdad fue muy fuerte para nosotros; no podíamos creerlo. Lo dejamos por ahí porque se nos iban a dar más explicaciones. Tras eso en el contexto de un debate parlamentario sobre la escasez de recursos para adjudicar a algunos sectores prioritarios, aparece un refuerzo de presupuesto, que no pasa por el Parlamento, de 200 millones de pesos para un organismo recaudador. Bueno, no puedo entender como desde las rentas generales que salen de los Impuestos Nacionales hay que reforzar el presupuesto en un organismo nacional que lo que hace es crea plata, crea riqueza, es productor de energía y la vende. Cómo es posible que haya que poner más plata y claro, cuando del otro lado usted ve que hay que poner más plata entre otras cosas porque la plantilla de funcionarios aumenta y no necesariamente aumentan las funciones del organismo, no es que tenga más cosas para hacer, empieza a hacer ruido".
- "A Albisu nadie lo defiende, no hubo un solo legislador dispuesto a dar la cara, ni uno. Esa es la falta de respaldo político, y se explica porque viene acumulándose hasta que en un momento se hace muy fuerte. Entonces ¿quién saca la cara? Nadie saca la cara, eso fue lo que pasó. Es más, hay visiones críticas pero además los que no tenían digamos la decisión de exponer públicamente su visión crítica tampoco están dispuestos a dar fundamentos en el sentido contrario defendiendo la gestión de la delegación uruguaya y en particular del Presidente".
- "Ningún partido político ni gobierno ni el sistema político en ningún país está vacunado contra ciertos desbordes o excesos. La cuestión es cómo reacciona frente a ellos y cómo es capaz de poner límites para que cuando nos enteramos de algunas cosas no vuelvan a pasar. Me parece que esto es lo que va a estar en discusión en estos días más allá de que el FA querrá sacar ventaja política con consecuencias y demás. Creo que todo lo que queremos es poner una valla, poner ciertos límites para que la tentación de manejar recursos de un millón de dólares de los peajes de los camiones no se transforme en la gestión política de ir a regalarle camisetas a los clubes de barrio que tienen gurises con jugadores de fútbol y que eso termine en la foto en el diario de uno que va a ser candidato mañana. Eso está mal, eso es lo que no se puede hacer. Para eso no es CTM. Esos límites hay que ponerlos porque es verdad que a veces se van pasando los límites de un gobierno a otro de un signo a otro y llega un momento que pasan la raya y pasaron la raya".
- "El proyecto lo que hace es poner, tratar al menos de separarlo político de la gestión de poner algunos límites el organismo maneja recursos y está bueno que desde hace un tiempo a esta parte el dinero no llegar a toda la capital, sino que de alguna manera quedaron una parte allí ahora lo que no lo que yo no quiero es que con eso se haga política y hay en la Constitución de la República, que es muy sabia, en su artículo 77 establece prohibiciones para una cantidad de funcionarios que tienen determinadas funciones del Estado. No pueden hacer determinadas cosas, no pueden hacer política. Por ahí va mi proyecto de ley, pueden hacer gestión, lo que no pueden hacer es las dos cosas al mismo tiempo y mucho menos con recursos públicos".
